El 1 de julio de 2002, con 76 ratificaciones y 139 firmas, entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI creada con el objetivo de juzgar crímenes contra la humanidad. Su constitución fue ratificada por 92 países (al 5 de setiembre de 2003), siendo necesaria la firma de por lo menos 60 para aprobar el tratado. Sin embargo varios países de peso no lo ratificaron, entre los que se encuentran China, Rusia y Estados Unidos; este último incluso retiró su firma del Estatuto de Roma y comenzó una campaña en contra de la CPI.

Después de más de 50 años de expectativas y discusiones, Naciones Unidas aprobó en 1998 el Estatuto de Roma, que determinó que la CPI era una iniciativa independiente y permanente. Posteriormente, 160 países firmaron el Estatuto de Roma, que además de crear la Corte tipifica los crímenes más serios contra los derechos humanos y establece los procedimientos acusatorios para los juicios penales. Los estados firmantes se comprometieron a cumplir con este compromiso y ha permitir el control, prevención y represión contra cualquier lesión a los derechos fundamentales de las personas.

La CPI es un organismo complementario de la jurisdicción nacional, y sólo es competente en los casos que el estado no pueda o no quiera juzgar a los acusados. El Estatuto de Roma establece la responsabilidad penal de tropas o dirigentes de países que hayan cometido crímenes contra la humanidad, genocidio, incluyendo militares o líderes de guerrillas, asi como también, grupos informales que ataquen a poblaciones civiles en conflictos que no sean internacionales. La Corte no será retroactiva, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La oposición de Washington

El gobierno estadounidense a menudo viola la soberanía de otros países con el argumento de que están ocurriendo violaciones a los derechos humanos en los mismos. A su vez, con frecuencia apoya los procesamientos de líderes de otros países acusados de cometer crímenes de guerra. Pero, al mismo tiempo, parece no darse cuenta de que lo que predica para los demás lo debe predicar para sí mismo.

Washington pugna por inmunizar del procesamiento por crímenes de guerra a ciudadanos estadounidenses y, de hecho, está haciendo lo imposible por lograrlo. El presidente George W. Bush rechazó firmar cualquier tratado relacionado al tema; también recientemente, en el mes de julio, retiró la firma del Estatuto de Roma.

Washington ha firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con 60 países, en su mayoría países pequeños, con democracias frágiles y economías débiles entre los que se encuentran Bhután, El Salvador, India, Nepal y Sri Lanka. A los países que se negaron a firmar estos tratados, el gobierno estadounidense les retiró la ayuda militar, así ocurrió con Brasil, Colombia, Uruguay, Croacia, Lituania y Malawi, por nombrar algunos.

Conforme al estatuto, la CPI puede asumir la jurisdicción nacional de un país para juzgar crímenes. Estados Unidos se opone a esto aunque, de hecho, no es nada nuevo. Los crímenes procesados por la CPI son crímenes de jurisdicción universal. A su vez, el estatuto de la CPI protege el principio de jurisdicción universal. Sólo procesará cuando el país del cual sea ciudadano el agresor no pueda o no deseé hacerlo.

La administración Bush está preocupada por los posibles procesamientos de sus militares por parte de la CPI, dado que el alto personal militar, responsable de la guerra de Irak, cometió el crímen de "agresión", que es castigable por la Corte Penal Internacinal. La "agresión" es definida por el Estatuto de Roma como; el empleo de fuerzas armadas por un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado, o en cualquier manera que disienta con la Carta de las Naciones Unidas.