La propuesta de Lagos respecto a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar chilena 1973-1990 es "frustante y deficiente", en la medida que mantiene en vigencia la ley de amnistía y de que coloca en un mismo nivel a víctimas y victimarios de los crímenes contra los derechos humanos, indicó Mireya García, militante socialista y secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Tras desentenderse de la cuestión durante casi 30 años, la decisión del gobierno chileno de crear una comisión para que se ocupe de los millares de casos de tortura existentes es una medida positiva, según expresó Amnistia Internacional. El presidente Lagos anunció el plan de su gobierno en materia de derechos humanos a raíz de la presión ejercida por los familiares de quienes desaparecieron y fueron ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno militar y por los millares de víctimas de tortura y ex presos políticos de ese periodo, todos los cuales piden verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el derecho a la verdad y la justicia se ha visto restringido por la amplia jurisdicción de los tribunales militares y por la Ley de Amnistía de 1978; las organizaciones chilenas de derechos humanos y la comunidad internacional están todavía esperando a que se asuma verdaderamente el compromiso de poner fin a la impunidad.

Paradójicamente, a la vez que en Argentina se anulaban las leyes de impunidad, en Santiago el presidente chileno, Ricardo Lagos, daba a conocer su esperada propuesta sobre derechos humanos, que instituye la "obediencia forzada" como atenuante penal para los autores de crímenes represivos. "No hay mañana sin ayer", se denomina la fórmula presentada por Lagos un mes antes de cumplirse el 30 aniversario del golpe de estado contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1973) y en la víspera de la exitosa huelga general convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), primer paro general desde el restablecimiento de la democracia en 1990.

Según informó el diario El Mercurio, el presidente y sus asesores escogieron este momento para dar a luz la noticia en una doble jugada política: restar trasendencia a la protesta sindical y lograr que la propia huelga neutralizara las reacciones contrarias a la iniciativa. De hecho, fueron las organizaciones políticas y humanitarias situadas más a la izquierda, que a la vez respaldan decididamente la movilización de la CUT, las primeras en impugnar la fórmula gubernamental, recibida, al contrario, con beneplácito en la coalición oficialista de centroizquierda y en la oposición de derecha.

La propuesta de Lagos se apoya en que "nunca podrá haber solución definitiva" para unos 3 mil casos de desapariciones y asesinatos políticos cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien gobernó Chile desde el levantamiento militar del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Dicho régimen expidió en marzo de 1978 una ley de amnistía que cubrió las violaciones contra los derechos humanos cometidas desde marzo de 1973 a esa fecha. Esta normativa continúa vigente, pese a que las agrupaciones de víctimas de la represión rechazan su legitimidad.

Al no existir una solución definitiva, Lagos planteó que se debe aspirar "a un punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima reparación", entendiendo que los objetivos de verdad y justicia "son moralmente irrenunciables". La mezcla no parece fácil de lograr, ya que el propio texto de la iniciativa privilegia mecanismos para alcanzar una verdad hasta ahora huidiza, sobre todo respecto a la suerte de 1.100 desaparecidos, a cambio de atenuantes en los grados de culpabilidad y, por ende, de condena penal para los implicados en actos de represión.

Con el fin de incentivar la entrga de información fidedigna a los tribunales para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, el presidente planteó diferenciar responsabilidades de los implicados en las violaciones de derechos humanos. Así, el atenuante de la "obediencia forzada" se aplicaría a quienes actuaron bajo el temor de represalias contra sus vidas, o en estado de ignorancia insuperable que anulaba su capacidad de decisión. Distinto será el tratamiento judicial para los que organizaron, planificaron la represión, dierón las órdenes, dirigeron las ejecuciones de los crímenes, o los ejecutaron ellos mismos con plena conciencia de sus actos.

Verdad e impunidad

En esta búsqueda de "máxima verdad" se dará inmunidad a quienes sin estar imputados se presenten ante los tribunales para entragar información, o sea, se rebajarán o conmutarán penas a quienes entregen información que sirva para esclarecer el destino de personas desaparecidas.

Lagos abrió en julio un diálogo para recibir propuestas de los partidos políticos e instituciones religiosas, mientras en el ejército su comandante en jefe, el general Luis Emilio Cheyre, lanzaba un "mea culpa" por la represión. Al mismo tiempo volvió a cundir la inquietud en los mandos retirados por el avance de los procesos en los tribunales, que han implicado crecientes encausamientos de los implicados en delitos de desapariciones, rotulados como secuestros que, en tal virtud, no son cubiertos por la amnistía de 1978, según la mayoría de los jueces.

En la fórmula planteada por Lagos no se acoge esta demanda, por lo cual continuará en manos de los magistrados, quienes tendrán mayores facultades para avanzar en sus investigaciones. Lagos propuso, además, aumentos de un 50% en las reparaciones económicas para familiares de personas desaparecidas y asesinadas, tanto civiles como militares.

La propuesta busca posibilitar acuerdos políticos para una reforma constitucional que permita la ratificación del Tratado de Roma, que dio paso a la instalación de la Corte Penal Internacional, rechazada en el Congreso legislativo por senadores y diputados de partidos de derecha. A su vez, se buscará ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada.