Manifestación contra el Primer Acto del Gobierno de las Naciones Alrededor de 4.000 Primeras Naciones y personas no-aborígenes se lanzaron el 15 de mayo a las calles de Kenora, en protesta contra el Primer Acto del Gobierno de las Naciones (FNGA por su sigla en inglés)". Kenora es el lugar de origen de Robert D. Nault, el ministro de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá, quien en 2002 presentó este proyecto de ley, que, de acuerdo a los manifestantes, provocaría cambios drásticos en cuanto a los derechos de los aborígenes en Canadá. La manifestación se inició en el "Centro de Recreación de Kenora", desde donde a mediodía se inició la marcha, que fue pacífica y contó con la presencia de personas de todas las edades. Al son de los tradicionales tambores y con exclamaciones tales como: "¡Bob Nault es un mentiroso!", "¡Bob Nault está despedido!", la marcha se desplazó desde el centro de Kenora hasta la costa, donde había una gran carpa para facilitar el discurso de todos los oradores que alzaron su voz contra el polémico acto, incluyendo líderes de las Primeras Naciones, jóvenes activistas, oradores de organizaciones a nivel de las bases y políticos. El Primer Acto del Gobierno de las Naciones fue presentado por el ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá -INAC, por su sigla en inglés- como un paso hacia el autogobierno de los pueblos aborígenes. De acuerdo a los manifestantes, el FNGA pretende convertir los "consejos grupales" en corporaciones municipales y eliminar el actual estatus legal de los pueblos indígenas. Advierten que de aprobarse este proyecto, en el futuro los grupos de Primeras Naciones deberán competir en sectores financieros y legales con corporaciones multinacionales, aunque INAC seguiría controlando sus fondos y probablemente continuaría castigando financieramente a los disidentes. Los activistas perciben esta eventualidad como un intento del gobierno liberal por anular a la fuerza los tratados ya firmados con las Primeras Naciones para el uso de tierras nativas y la protección de sus pueblos. A pesar de que Bob Nault insiste en que el proyecto se llevó a cabo a través de la consulta popular, dentro de las protestas se subrayaba que la aprobación de este proyecto contó con la participación de menos del 5% de la población indígena de Canadá. También hay reclamos que establecen que las audiencias populares se realizaron con sólo un día de aviso, que el contenido tratado en estas audiencias se había limitado arbitrariamente y que los resultados ya estaban determinados. Actualmente, el Primer Acto del Gobierno de las Naciones está siendo estudiado por la Cámara de los Comunes. El ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá, responsable de las cuestiones constitucionales, políticas, jurídicas y de los tratados que tienen relación con las Primeras Naciones, los inuit y los pueblos del Norte, tiene como objetivo ayudar a las Primeras Naciones a desarrollar comunidades sostenibles y lograr sus aspiraciones sociales y económicas. Antecedentes: Canadá y los asuntos indígenas En 1994, la ONU lanzó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, una iniciativa de concientización sobre cuestiones indígenas en todo el mundo. En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el anteproyecto de la Declaración de las Américas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Realizado por los estados miembro de la OEA, el documento -especialmente apoyado y promovido por el gobierno de Canadá- reconoce el carácter distintivo de los pueblos indígenas y establece directrices para la protección de los pueblos aborígenes en todos los países de América. En junio de 1999, durante la Asamblea General de la OEA, los estados miembro aprobaron la creación de un grupo de trabajo para que la declaración propuesta continuara siendo estudiada. Los estados miembro dispusieron que los representantes de las comunidades indígenas participaran en el proceso. En 1996, después de consultar, a lo largo del país,
a pueblos indígenas y no indígenas, la Real Comisión
sobre Indígenas presentó un informe final ante la
Cámara de los Comunes, que contenía más de
400 recomendaciones para mejorar, de acuerdo a la publicación
AmericasCanada.org, la situación de todos los pueblos indígenas
en el país. Desde entonces, Canadá reconoce el derecho
inherente de los indígenas al autogobierno y negocia su
implementación con más de 80 comunidades de las
Primeras Naciones y los inuit.
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