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Comité Internacional de la Cruz Roja El derecho humanitario ignorado El recrudecimiento de la violencia en Nepal, que desde 1996 ha causado la muerte de más de 10 mil personas, fue la razón esgrimida por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para apremiar al gobierno de ese país y a la guerrilla maoísta a respetar el derecho internacional humanitario, las leyes que definen las reglas en casos de hostilidades o conflictos armados. En un comunicado publicado en febrero de 2005, el CICR apuntó que desde 1949 Nepal es miembro de las Convenciones de Ginebra (que establecen la protección de los civiles en tiempos de guerra), y exigió a las autoridades nepalesas el respeto al derecho humanitario establecido en el artículo 3. "Apelamos a las partes para que mantengan y mejoren el diálogo con el CICR en beneficio de la población de Nepal, que carga con lo peor del conflicto", subrayó el documento. Asimismo el Comité Internacional recordó a las partes en conflicto que están prohibidos los ataques contra civiles y los actos destinados a provocar terror entre la población; el asesinato, las ejecuciones sumarias, las violaciones, la tortura, los malos tratos y la toma de rehenes. La Convención prohíbe también que los menores de 18 años participen en la guerra y establece que los combatientes heridos o enfermos o los prisioneros deben ser tratados "con humanidad" y recibir tratamiento médico. Tanto los puestos sanitarios como las ambulancias deben ser respetados por las partes en conflicto. El Comité Internacional, que inició sus actividades en Nepal en 1998, ha visitado 4.749 detenidos de ambos bandos y propiciado el intercambio de más de 3 mil mensajes entre los presos y sus familias. Entre sus registros se cuentan 900 personas con paradero desconocido. Por la destrucción del orden feudal Los grupos autodesignados maoístas luchan desde 1996 contra el gobierno por sustituir la monarquía parlamentaria por una república. En marzo de 1996 se produjo el levantamiento armado. Los maoístas, liderados por Pushpa Kmal Dahal (conocido como “camarada Prachanda”) llamaban a "la destrucción del orden feudal". En 2001, la violencia estalló dentro del reino cuando Birendra, la reina Aishwarya y otros miembros de la familia real fueron asesinados a tiros por el príncipe heredero Dipendra Bir Bikram Shah Deva, de 29 años, quien luego intentó quitarse la vida y quedó en estado de coma. El consejo real nombró a Dipendra rey de Nepal y al príncipe Gyanendra, hermano de Birendra, su regente. Al fallecer Dipendra fue coronado rey Gyanendra. Koirala renunció ese año, debido a la creciente violencia entre insurgentes maoístas y fuerzas de seguridad. Sher Bahadur Deuba asumió en su lugar y decretó el cese el fuego. En 2001 los grupos maoístas reclamaron la abolición de la Constitución de 1990, la formación de un gobierno interino y la elección de una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva carta para terminar con la monarquía y crear una república. El gobierno no aceptó las demandas y la violencia aumentó. El rey declaró el estado de emergencia y catalogó a los insurgentes de “terroristas”. Sin garantías constitucionales, aumentó el número de muertos (tanto civiles como rebeldes). El conflicto adquirió el grado de guerra civil, dejó sólo en 2002 un saldo de 2.100 muertos y 100 mil refugiados en el vecino Bhután. En mayo de 2002, el entonces mandatario Sher Bahadur Deuba se escudó en el estado de emergencia para disolver el parlamento, llamando a elecciones para noviembre. En octubre, y tras negarse a las conversaciones de paz con los rebeldes, Deuba propuso al rey suspender las elecciones un año, a fin de dominar los focos insurgentes. El rey Gyanendra destituyó a Deuba, nombró a Lokendra Bahadur Chand en su lugar y suspendió las elecciones por tiempo indefinido. En enero de 2003, las guerrillas maoístas ofrecieron una tregua para iniciar conversaciones de paz. Entre las condiciones de éstos –que Katmandú se disponía a conceder– se exigía que el gobierno no definiera a los guerrilleros como “terroristas” y que se quitaran las recompensas por arresto de rebeldes. En agosto, los rebeldes pusieron fin a las conversaciones de paz con el gobierno y a los siete meses de tregua, llamando a la huelga general. El estancamiento político derivó en un gran resurgimiento de la violencia, con choques entre estudiantes, activistas y la policía. En abril de 2004, a la huelga se sumaron las protestas de grupos opositores a que la monarquía asumiera poderes ejecutivos. Las escuelas y negocios estuvieron cerrados y las rutas fueron patrulladas por fuerzas de seguridad. Ese mes, los rebeldes liberaron a oficiales y personal de seguridad capturados durante los fuertes enfrentamientos del noroeste del país. Luego de que el pasado 1° de febrero el rey Gyanendra destituyera al primer ministro Sher Bahadur Deuba, asumiera el poder y declarara el estado de emergencia, el CICR pidió que se respetara al personal y a las instalaciones de la Cruz Roja en Nepal. El ejército mantiene tomadas las calles de Katmandú y de las principales ciudades. Las fuerzas de seguridad están autorizadas para controlar y eventualmente bloquear teléfonos, radio, fax, e-mail y otras formas de comunicación electrónica. Las cadenas privadas de radio y televisión están censuradas, y se les prohíbe a los medios de prensa que critiquen las decisiones del rey. Entretanto, más de mil dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles y activistas pro derechos humanos han sido detenidos en los últimos días en Nepal. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) exigió la liberación inmediata de los detenidos. En el país, cuyo PBI crece un 5% anual, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, 2,5 millones de niños trabajan, existe una grave crisis energética y la falta del agua potable es alarmante. |
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