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El plan actual no incluye como prerrequisito la obligación de confesar crímenes, revelar información sobre las estructuras y fuentes de financiamiento, devolver tierras o reparar a las víctimas.
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Declaración Conjunta de ONGs Nacionales e Internacionales - Reunión de Cartagena
Las organizaciones y redes europeas, latinoamericanas y colombianas firmantes deseamos expresar públicamente algunas inquietudes respecto a la participación de los países de la Unión Europea en la reunión convocada en Cartagena por el Gobierno de Colombia para los días 3 y 4 de febrero, y el necesario seguimiento de la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Londres en julio de 2003, en la que se adoptó la Declaración de Londres.
Observamos que la reunión convocada por el Gobierno colombiano en Cartagena constituye un intento de involucrar a la Comunidad internacional en una nueva estrategia de cooperación y por este medio, en su política de seguridad democrática y su propuesta de militarización del país.
Consideramos que la política de seguridad democrática desarrollada por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe no resuelve el conflicto armado, social y político actual, sino que lo profundiza; no fortalece el Estado Social Derecho, sino que lo debilita; no supera la impunidad y las violaciones de los derechos humanos, sino que al contrario las perpetua.
Por lo anterior, deploramos que el pasado 13 de diciembre de 2004 el Consejo de la UE haya adoptado un nuevo texto de Conclusiones sobre Colombia en el que afirma su apoyo al gobierno de Colombia, lo que constituye un golpe a los sectores democráticos de Colombia y un lamentable respaldo al proceso de configuración de un nuevo modelo de Estado autoritario basado en la seguridad nacional.
En el marco de las políticas regresivas llevadas a cabo en Colombia, consideramos que un respaldo económico de la UE a las mismas - como es el anhelo el Gobierno de Colombia - significaría destinar recursos de cooperación al desarrollo del componente social que requiere la estrategia militarista desarrollada por el gobierno de Colombia y los Estados unidos.
Por el contrario, pedimos que la UE, mantenga firme su decisión inicial de definir una estrategia autónoma, sustentable y sostenible de apoyo a la paz y al fortalecimiento del Estado de Derecho, independiente de los actores armados y de la política de los Estados unidos, apuntando a una solución negociada del conflicto.
La presencia de la UE en Cartagena antes que servir para la aprobación de nuevos aportes económicos y comprometerse con las políticas desarrolladas por el Gobierno de Colombia, debe servir para activar la cláusula democrática y pedir:
Ø un calendario de cumplimiento de las recomendaciones internacionales, en particular las recomendaciones de las Naciones unidas y los compromisos de la Declaración de Londres;
Ø el diseño de una política estatal de paz para el país, con procesos de negociación política, desmovilización y reinserción, sin impunidad, -es decir- que debe incorporar un marco legal que garantice los principios de verdad, justicia y reparación en consonancia con las recomendaciones de la Oficina permanente del Alto Comisionado para los derechos humanos, el derecho y la doctrina internacional sobre la materia y con la participación de la sociedad civil.
(Firman más de 65 organizaciones no gubernamentales)
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06/02/2005
Verdad, Justicia y Reparación
El fin no justifica los medios
Ante el proceso de negociaciones del gobierno colombiano con los grupos paramilitares del país, una red de organizaciones no gubernamentales (ONGs) -que incluye a Amnistía Internacional y Human Rights Watch- reclama que se condicione la cooperación internacional con Colombia al cumplimiento de un proyecto de Verdad, Justicia y Reparación y cuestiona el apoyo de la Unión Europea en este proceso. El presidente Álvaro Uribe defendió ante la comunidad internacional los acuerdos que lleva adelante con los grupos paramilitares, pero las ONGs los cuestionan por, entre otras razones, la falta de legislación concreta sobre la reintegración a la vida civil de los combatientes desmovilizados.
Según José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz del gobierno colombiano con los paramilitares de extrema derecha no puede ser un "cheque en blanco". El objetivo de este proceso es alcanzar la desmovilización de alrededor de 20 mil paramilitares antes de diciembre de 2005. "Una desmovilización genuina, que efectivamente desarticule a estos complejos y poderosos grupos, representará una verdadera contribución a la paz y a la justicia en Colombia. No obstante, el apoyo internacional no puede transformarse en un cheque en blanco", señaló Vivanco en una reunión de ONGs en la ciudad de Cartagena, celebrada en enero de 2005, en vísperas de una reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación entre el gobierno y 34 países de América, Europa y Asia, con el objetivo de consolidar el apoyo financiero a programas de desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos, que incluye los diálogos con los grupos armados ilegales.
Según Vivanco, "la comunidad internacional no debería apoyar una fachada de proceso de desmovilización que sirve principalmente los intereses de los líderes paramilitares". Para no favorecer la impunidad de estas facciones armadas, las ONGs han solicitado a los los países donantes reunidos que condicionen su apoyo a la aprobación de una ley que, de acuerdo a Vivanco, contenga los requisitos mínimos necesarios para investigar y desmantelar a estos grupos criminales". No significa esto que no se apoye la participación de la comunidad internacional en las negociaciones de paz en Colombia, ni en la desmovilización de redes paramilitares, sino que el proceso ocurra con la mayor transparencia y justicia posibles. Varios paramilitares han sido acusados de delitos de lesa humanidad.
De acuerdo al activista, con el último proyecto propuesto por el gobierno "los paramilitares pueden recibir beneficios sustanciales por entregar sus armas sin realizar ningún acto significativo para desmantelar sus redes". El plan actual no incluye como prerrequisito la obligación de confesar crímenes, revelar información sobre las estructuras y fuentes de financiamiento, devolver tierras o reparar a las víctimas, sostiene HRW.
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