En Bujumbura, la capital del país, el 30 de abril Domitien Ndayizaye, quien proviene de la etnia hutu, mayoritaria en el país, ha reemplazado formalmente en el cargo de presidente de Burundi al mayor Pierre Buyoya, este último proveniente de la minoría tutti que, desde la independencia, ha controlado el poder en el país.

En la misma semana de asunción de Ndayizaye llegó a Bujumbura la primera misión de paz de la Unión Africana, compuesta por más de un millar de soldados sudafricanos. Es éste el primer contingente de una fuerza de 3.500 soldados, que incluye tropas mozambiqueñas y etíopes, cuyo fin es monitorear el frágil cese al fuego. Estas tropas, sin embargo, han constado con apoyo casi nulo de los donantes internacionales que se habían comprometido a financiarlas.

De hecho, a pesar de que, en lo formal, se está cumpliendo el cronograma de transición pactado para poner fin a la guerra civil que ha durado 10 años en el país y que Ndayizaye pasa a presidir el nuevo gobierno transitorio, un paso más en el cumplimiento del pacto para poner fin a un conflicto que ha causado la muerte de 200.000 personas, la violencia persiste. Según la organización no gubernamental Human Rights Watch, ha habido operaciones militares en nueve de las 17 provincias del país durante los últimos dos meses.

Por su parte, Ndayizaye (el cuarto hutu en 16 años en tomar como juramento como presidente -sus antecesores fueron derribados), en su discurso de asunción, juró “trabajar por el bien de todos los burundeses, combatir el genocidio y la exclusión y garantizar el respeto de los derechos humanos”.

Posición de riesgo

Según analistas, el nuevo presidente se verá en extremo presionado por las partes. Entre los puntos fundamentales de su agenda de paz, deberá conservar la confianza del poderoso ejército nacional, liderado por tutsis, al tiempo que deberá persuadir a los rebeldes hutu a detener la lucha.

Las tres anteriores presidencias ejercidas por hutu tuvieron finales drásticos: dos fueron derribados por golpes de estado militares y uno murió en un misterioso accidente aéreo, junto al presidente de Rwanda, en 1994. De todos modos, según analistas, la diferencia, en este caso, es que los principales partidos políticos del país firmaron los acuerdos de paz de Arusha, en 2001, que supuestamente han diseñando el camino hacia la paz.

No obstante estas diferencias, la asunción del nuevo presidente ya está marcada por rumores y especulaciones respecto a que, en rigor, Buyoya nunca aceptará abandonar el poder.

El reemplazante de Mandela como mediador principal, el vicepresidente sudafricano Jacob Zuma, si bien reconoce la existencia de estas especulaciones, se ha manifestado optimista, enfatizando la vigencia de los acuerdos de Arusha.

Por su parte, el portavoz del FDD, Gelase Ndabirabe, calificó la transmisión de mando como “insignificante. No hay diferencia entre Buyoya y Domitien. Es el mismo sistema, el mismo gobierno” y llamó al pueblo de Burundi a “no distraerse con la ceremonia”.

Buena parte de la población parece compartir la desconfianza expresada por el FDD. Alison Des Forges, asesora principal para la división africana de Human Rights Watch señaló que   Des Forges agregó que “los burundeses ven la transición como un tiempo para temer y no para la esperanza. Los  civiles todavía no confían en que dejarán de ser blanco de violencia impredecible, ya sea por parte del gobierno o de los rebeldes”.

Esta desconfianza generalizada no implica deseo, por parte de la población común, de que se mantenga el conflicto. Por el contrario, las divisiones étnicas parecen menos importantes hoy día que el reconocimiento, por parte de la mayoría de las etnias, de que el sufrimiento ha sido compartido. Por ejemplo, muchos jóvenes pertenecientes a la etnia tutsi han afirmado a medios internacioales que no les importa quién gobierne, en tanto traiga paz y prosperidad al país.

Para Des Forges y Human Rights Watch, lo relevante para que se alcance la paz es que se tomen medidas “para implementar el cese al fuego, que los donantes internacionales apoyen económicamente a las fuerzas de paz, y  que las autoridades legislativas y judiciales brinden una nueva y aplicable legislación”. “Las promesas no han llevado a Burundi a ninguna parte”, agregó.

Las palabras y los muertos

Una muestra de lo irrelevante que pueden ser las promesas y legislaciones sin amparo en la realidad puede advertirse en los  orígenes de este conflicto que lleva ya una década y que ha masacrado a las distintas etnias (los muertos han sido 85% hutus, 14% tutsis y 1% twas). En 1992, Buyoya (llegado a la presidencia a través de un incruento golpe militar en 1987) promulgó una constitución multipartidista y llamó a elecciones a celebrarse en 1993. Buyoya, al frente de la Unión por el Progreso Nacional (UPRONA) -con mayoría de dirigentes tutsis- fue derrotado por Melchior Ndadaye, del opositor Frente para la Democracia en Burundi (FRODEBU), mayoritariamente compuesto por hutus. Tres meses después de haber sido electo, el 24 de octubre de 1993, Ndadaye fue asesinado durante una tentativa de golpe militar. La primera ministra, Sylvie Kinigi, asilada en la embajada de Francia, logró conservar el control de la situación. Los líderes del alzamiento fueron arrestados o huyeron a Zaire. Cyprien Ntaryamira -un hutu al igual que Ndadaye- fue designado presidente por el Parlamento.

Pero, pese a fracasar la tentativa de golpe de Estado, el asesinato de Ndadaye dio lugar a una de las peores matanzas de la historia de Burundi. Partidarios del ex presidente atacaron a miembros -tutsis o hutus- de la UPRONA, provocando la muerte de decenas de miles de personas y el éxodo de otras 700.000. En ese entonces se consolidaron las llamadas “milicias armadas extremista” -hostiles a la convivencia con la otra etnia-, como los “Sin derrota” tutsis o los “Intagohekas”(“los que nunca duermen”) hutus y la violencia empezó a generalizarse. El 6 de abril de 1994, Ntaryamira murió, junto con el presidente rwandés, Juvénal Habyarimana, en un atentado contra el avión en el que viajaban, en Kigali, capital de Rwanda. Otro hutu, Sylvestre Ntibantunganya, sustituyó al presidente asesinado. La violencia se intensificó, en particular entre las milicias partidarias del "poder hutu" y el ejército, controlado por oficiales tutsis. En febrero de 1995, la UPRONA abandonó el gobierno para forzar al primer ministro Anatole Kanyenkiko a renunciar. Su dimisión posibilitó la nominación del tutsi Antoine Nduwayo y la vuelta de la UPRONA al gobierno de coalición que integraba junto con el FRODEBU.