03/09/2004
Derechos humanos
Impunidad

El Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos de El Salvador considera que la situación de impunidad que aún se vive en el país es muy grave. Es por esto que proponen una serie de medidas para buscar la reconciliación nacional.

El incumplimiento de algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, tendientes a facilitar la reconciliación nacional, la oposición a la derogación de la Ley de Amnistía y a la negativa de ratificar instrumentos legales internacionales como el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, según Miguel Montenegro, son claras pruebas de la situación de impunidad aún reinante en El Salvador, denunciada el pasado 2 de agosto por el Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos.

A su vez, Montenegro agregó que existe un rechazo, de parte del gobierno, por cumplir con las peticiones ciudadanas de investigar y castigar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Según el representante, la causa principal de la ausencia de justicia es la falta de voluntad política del gobierno y sectores de la derecha. Algunos de ellos temen ser castigados, debido a que están señalados por la Comisión de la Verdad como autores intelectuales y materiales de genocidios, desapariciones y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado, y otros porque verían afectados sus intereses económicos actuales.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, la Comisión de la Verdad, formada por Naciones Unidas para investigar las violaciones más graves a los derechos humanos cometidos durante la confrontación armada (1981-1992), realizó una serie de recomendaciones tendientes a la superación de las causas estructurales vinculadas a los hechos, a la reforma institucional (para prevenir que se repitan hechos similares) y a la reconciliación nacional. Entre las recomendaciones se señala la necesidad de reparación moral y material de las víctimas, así como la construcción de un Foro de la Verdad y la Reconciliación.

Para concretar la reparación a las víctimas, la Comisión recomendó la creación de un fondo especial de compensaciones a las mismas, la construcción de un monumento con los nombres de todos los caídos identificados, el reconocimiento de su honorabilidad y el establecimiento de un feriado nacional recordatorio de las "víctimas del conflicto" y de afirmación de la reconciliación nacional.

Montenegro señala que ninguna de estas recomendaciones fue cumplida, excepto por el monumento a las víctimas, que fue construido, no por el gobierno, como lo demandó la Comisión, sino por distintas organizaciones de la sociedad civil.

En un pronunciamiento público, el Consorcio de Organizaciones de Derechos Humanos planteó algunas medidas urgentes para acabar con la impunidad y buscar una verdadera reconciliación, entre las que destacan la necesidad de derogar la Ley de Amnistía, aprobada el 20 de marzo de 1993, la cual impide que los responsables de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean juzgados. Montenegro argumenta que dicha ley violenta la Constitución de la República y diversos instrumentos de la normativa internacional, y que fue aprobada con el evidente propósito de proteger a los responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones y otras horrendas violaciones a los derechos de las personas.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también exigen la ratificación del Estatuto de Roma (acta constitutiva de la Corte Penal Ineternacional) y otros convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos. Además, piden al gobierno cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, relacionadas con la dignificación de las víctimas y que el mismo impulse medidas que reparen los daños morales y materiales de quienes sufrieron la represión de la década de 1980 y principios de 1990.

María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, consideran necesario superar la impunidad porque ésta "no permitió seguir por el camino que abrieron los Acuerdos de Paz". Guillén rechaza el argumento oficial de que juzgar a responsables de crímenes del pasado es abrir heridas que ya están cerradas. "Lo cierto es que las heridas están abiertas y no se van a cerrar si no hay justicia", sostiene.

Por otra parte, agrega que pese a que ya se sabe quienes son los responsables de estos crímenes, "porque la Comisión de la Verdad los menciona", es necesario que pidan perdón a la sociedad. "Sólo que tengan el valor de pedir perdón, ya que después de todo el daño causado, ni la cadena perpetua sería castigo suficiente", afirma.

Julia Hernández, por su parte, lamenta que el gobierno salvadoreño no sólo no adhiere a los tratados internacionales, sino que los ataca con acciones como la ratificación del convenio bilateral con Estados Unidos, el cual protege a ciudadanos estadounidenses responsables de crímenes de lesa humanidad que se encuentren en el país, quienes no podrán ser extraditados. Ambas defensoras de los derechos humanos se adhieren a las exigencias planteadas por el Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos y al llamado a la población a luchar para poner fin a la impunidad.

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