“Usaré mi poder con responsabilidad y firmeza, asegurando estricto cumplimiento del estatuto (de Roma), en especial sobre las pruebas de crímenes y la incapacidad de los estados para controlar esos crímenes”, dijo Moreno Ocampo durante su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo el 21 de abril. El fiscal aclaró que la eficacia del nuevo tribunal no debe medirse “según la cantidad de casos presentados sino por su ausencia, porque significa que los estados hacen su labor”.

El tribunal, con sede en La Haya, tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos después del 1° de julio del 2002, pero sólo actuará cuando los estados no deseen o no puedan administrar justicia, según estipula su documento fundacional, el Estatuto de Roma. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede solicitar a la corte que intervenga en casos de violaciones ocurridos en países que no son parte del Estatuto de Roma. Por su parte, el presidente de la corte, el canadiense Philippe Kirsch, se comprometió a demostrar durante los dos próximos años “los altos parámetros de justicia” con que funcionará el ente.

Moreno Ocampo, que en la actualidad se desempeña como profesor de la Universidad de Harvard, ha trabajado como asesor de  Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ayudando a los gobiernos a combatir la corrupción en Bolivia, la República Dominicana, Perú y Venezuela, jugó un papel fundamental como fiscal adjunto en 1985 durante el juicio contra las tres juntas militares de la dictadura argentina. También fue fiscal en los casos contra los militares responsables de la guerra de las Malvinas, y en varios juicios de corrupción pública. Moreno Ocampo fue también co-fundador de Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que promueve la responsabilidad y participación social.

La Corte Penal Internacional se inauguró el 11 de marzo con la elección de 18 jueces, pero no había podido entrar en funcionamiento porque el principal cargo, que es precisamente el de fiscal, no estaba cubierto. Lo primero que deberá hacer el argentino será designar a sus dos fiscales adjuntos, derecho que se le reserva.

Moreno Ocampo tendrá el poder de decidir cuándo la corte debe intervenir. Sin embargo, no lo podrá hacer en cualquier caso, ya que sólo los países signatarios pueden ser investigados. Por ejemplo, ni los Estados Unidos ni Irak firmaron el Tratado de Roma. Sí lo hizo Gran Bretaña.

Estados Unidos versus la Corte Internacional

La idea de fundar una corte internacional de carácter permanente nació luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU creara cortes especiales para los crímenes de la ex Yugoslavia y de Rwanda. La competencia del CPI, según el estatuto, está limitada materialmente a juzgar los crímenes de "genocidio", los crímenes contra la humanidad, y los crímenes de guerra de los países signatarios. Juzga individuos y no estados. El tribunal puede juzgar tanto a civiles como a personal militar. Esto a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las UN, que se diseñó para querellas entre los Estados, sin jurisdicción sobre asuntos que involucren la responsabilidad individual en un crimen.

El Estatuto del nuevo tribunal reconoce la función del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la Paz y seguridad internacionales al aceptar que, en conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo puede remitir una situación a la Corte cuando parezca que se han cometido uno o más de los crímenes contenidos en el Estatuto. Solamente en este caso la jurisdicción de la nueva Corte Internacional es obligatoria y legalmente ejecutable en todos los estados, aún en los que no reconocieron su legitimidad. Esta medida no ajena a las propuestas estadounidenses en la redacción del Estatuto refleja la voluntad de Washington de que el Consejo de Seguridad tenga la palabra definitiva. Dado que tiene veto en el Consejo de Seguridad, tendría poder de veto sobre la Corte.

La Corte reemplazaría a las cortes nacionales y solamente actuaría cuando éstas fueran incapaces de ejercer su jurisdicción o se mostraran renuentes a hacerlo. Si una corte nacional está dispuesta a ejercer su jurisdicción y es capaz de hacerlo la Corte Penal Internacional no podrá intervenir y ningún ciudadano de ese estado podrá ser llevado ante ella, a no ser en los casos que le remita el Consejo de Seguridad.

Estados Unidos se opuso vehementemente a la creación de este tribunal, y fue uno de los siete países que votaron en contra del Tratado de Roma, porque teme que este tribunal pueda intervenir en juicios contra las tropas estadounidenses (ha firmado acuerdos con 27 países que exoneran a las tropas estadounidenses de ser demandados ante el tribunal). Legisladores ultraderechistas llegaron incluso a presentar proyectos de ley para atacar el tribunal de La Haya en caso de que la Corte Penal Internacional detenga a un estadounidense.