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Infancia-Costa Rica Pobres niños Aproximadamente la mitad de las personas pobres de Costa Rica son niñas, niños y adolescentes, personas menores de 18 años. Estos forman parte del 48% de la población en condiciones de pobreza, que corresponde a 375.133 personas menores de 18 años, una cifra considerable si se tiene en cuenta que el total de la población de ese país es de 4 millones. Según datos de una investigación llevada a cabo por UNICEF y el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PREDENA) de la Universidad estatal de Costa Rica, casi la mitad de los pobres de Costa Rica son niños y adolescentes menores de 18 años. Estos forman parte del 48% de la población en condiciones de pobreza, que representa a 375.133 personas menores de 18 años, en una población total de 4 millones. Por otra parte, se estima que más de 100 mil niños y adolescentes forman parte de la fuerza laboral del país. El país experimenta un aumento en el riesgo de empobrecimiento, una población en proceso de envejecimiento incipiente y mayor desigualdad social. Por ejemplo, en 1977 el 20% más pobre de la población recibía 4,5% del total de las riquezas del país. En cambio, en 2002, ese porcentaje había disminuido a 3,7%. La diferencia pasó a las arcas del 20% más rico, que poseía en 1977 47,4% de la riqueza y, en 2002 llegó a 51,3%. Según muestra el informe, las personas mayores de 60 años reciben 25% del total de la inversión social. Por su parte, los niños y adolescentes reciben 36%, pese a que representan 38% de la población. De esta forma, una familia de cuatro miembros estaría recibiendo en bienes, servicios o transferencias provistas por el Estado, o dejando de gastar, una cifra cercana a 185 dólares mensuales. Dicha cifra es similar al salario mínimo vigente para un trabajador o una trabajadora no calificada, por lo que la magnitud transferida transferida a la población no resulta en absoluto despreciable, señala el informe. Sin embargo, gran parte de los y las costarricenses no perciben los beneficios de esa inversión, en parte debido a la desigualdad en la distribución de esos fondos. Costa Rica gasta el 85,5% de los fondos del sector de la Seguridad Social en pensiones, equivalente a un monto cercano a los 537 millones de dólares, es decir un 17,1% del total del gasto del Gobierno de Costa Rica. “Este es el rubro de gasto social que con más dificultad se puede asociar con una inversión social y claramente no está dirigido a beneficiar a los niños, las niñas y los adolescentes; solo el 13% de la inversión de esta función (social) está canalizado hacia los programas de apoyo a grupos vulnerables”, indica el estudio. Pese a que el estudio no lo explica, informaciones de distintas fuentes periodísticas indican que las llamadas pensiones de privilegio, otorgadas a ex funcionarios públicos de alto rango, fueron la causa de desembolsos por 486 millones de dólares, según estimaciones del Ministerio de Hacienda del país. “Es importante hacer notar que la inversión social no es suficiente para las personas menores de edad. Pero hay algo aún más grave que esta investigación evidencia, y es que el Estado está violando su propia ley al no asignar el monto que le ordena la Constitución Política para educación”, manifestó Bruce Harris, Director Regional den la organización Casa Alianza. En efecto, de acuerdo con el Informe, en el 2001 el país destinó el 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación (incluyendo la formación profesional). La Constitución Política establece, en su artículo 78, que ese monto no debe ser inferior al 6% del PIB. El documento señala, como una de las prioridades, la reforma institucional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución rectora de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica. Dicha reforma se ha planteado en, por lo menos, cuatro oportunidades desde 1997 y hasta la fecha, pero se ha pospuesto por razones de presupuesto y oportunidad. "Mientras tanto, los que se han visto afectados son los niños, las niñas y los adolescentes que deberían disponer de programas de rehabilitación al consumo de drogas, de atención para víctimas de abuso y explotación sexual", agregó Harris. |
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