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Colombia-Trabajo Petroleros en huelga En Colombia, tradicionalmente conocido como el país más peligroso del mundo para la práctica del sindicalismo, los trabajadores petroleros desafían al presidente Álvaro Uribe con una huelga con mucho tinte político en medio de la guerra. En el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, Colombia, los trabajadores petroleros desafían al presidente Álvaro Uribe con una huelga abiertamente política en medio de la guerra. Luego de 18 meses de negociaciones infructuosas los trabajadores de la empresa estatal petrolera Ecopetrol, iniciaron una huelga el 22 de abril y en su segundo día fue declarada ilegal por el gobierno, argumentando que la actividad del sector es un servicio público. Los trabajadores señalan que el presidente Uribe atenta contra el mayor bien común de la economía colombiana al debilitar la estructura de ingresos de Ecopetrol y convertirla en una sociedad accionaria, lo cual, entre otras cosas, arriesga la soberanía energética del país. En junio de 2003, el gobierno quitó a Ecopetrol el manejo de los hidrocarburos de propiedad de la nación, que le permitía controlar el volumen extraído por las compañías extranjeras. Las principales compañías beneficiadas con esa medida son las estadounidenses ChevronTexaco y Oxy, la austríaca Schlumberger y BP (British Petroleum)-Amoco, de origen británico y estadounidense. Para la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), la reducción en los ingresos fiscales que generan estas medidas tendrá ”un impacto incalculable”. El país produce unos 520 mil barriles diarios de crudo. Aunque el volumen es 40% menor al de 1999, la cotización internacional del petróleo (cercana a 40 dólares por barril) en la coyuntura de guerra en el petrolero Irak, unida a alzas en el precio interno, han mantenido las ganancias de la compañía, que es quien aporta la tercera parte de los ingresos corrientes del país. Colombia tiene reservas por 1.600 millones de barriles, pero el estimado potencial en yacimientos menores asciende a 47.000 millones. Ecopetrol, con poco más de 6 mil empleados en todo el país, es el único fabricante de gasolina en Colombia. Los afiliados a la USO son 3.600, principalmente abocados a la producción industrial. La protesta del sindicato ”busca evitar que el gobierno entregue el petróleo a las multinacionales, como es su propósito al reformar los contratos hasta la extinción de nuestros campos” petroleros y gasíferos, dijo en una entrevista con IPS Hernando Hernández, vicepresidente de la USO. ”Y, por supuesto, también busca preservar nuestro sindicato”, agregó, pues la huelga pide respeto al derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva. Los petroleros se entrenaron durante decenios defendiendo sus derechos laborales de los abusos de la compañía estadounidense Tropical Oil Company, que en 1921 se instaló en Barrancabermeja, centro de Colombia sobre el río Magdalena. Dos años después se creó el sindicato. En 1948, la USO se convirtió en el primer sindicato que logró influenciar en políticas de Estado, tras una huelga de grandes proporciones que impulsó la creación de Ecopetrol, en contravía de la intención gubernamental de prorrogar los contratos de Tropical Oil. El mismo día en que Uribe ilegalizó de la huelga, el obispo católico de la diócesis de Barrancabermeja, Jaime Prieto, anunció el apoyo de la Iglesia a la USO en la protesta pacífica y condenó, anticipadamente, ”toda provocación al enfrentamiento violento, venga de donde viniere”. Como respuesta a la huelga, la administración incrementó la militarización de las instalaciones petroleras. Días antes, las autoridades de Ecopetrol ya habían vetado el ingreso a las plantas a líderes y afiliados de la USO, habían citado a 1.000 obreros a procesos disciplinarios, despedido a 13, aislado a 43 en sus áreas de trabajo e iniciado trámites para invalidar la existencia legal del sindicato. Hasta el domingo habían sido despedidos 93 huelguistas, la mayoría directivos sindicales de los 13 puntos de producción en distintas regiones. Entre los destituidos están Hernández y el presidente de la USO, Gabriel Alvis. La ilegalización de la huelga petrolera ”es contraria al derecho internacional”, ha recordado insistentemente la Comisión Colombiana de Juristas, pues la decisión ”incumple tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, como reiteradas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” al gobierno de Colombia, en pro del derecho de huelga y la libertad sindical. El conflicto petrolero se desarrolla en el marco de la guerra interna colombiana de cuatro décadas, que enfrenta a guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha y Fuerzas Armadas, y en la que a menudo son víctimas los sindicalistas, entre otros actores sociales desarmados. En 2003, 87 sindicalistas murieron en atentados. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a 80% de los sindicatos, perdió desde su creación en 1986 a unos 3.800 líderes, todos asesinados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado internacionalmente al Estado colombiano de aquiescencia, tolerancia o activa participación en algunos ataques paramilitares contra militantes sindicales. ”En Colombia ejercer la actividad sindical es un riesgo sumamente alto y, por supuesto, realizar una huelga política por la defensa del petróleo, de la soberanía y de la empresa estatal significa también un riesgo muy alto para quienes la estamos conduciendo”, dijo Hernández. El asesor de la USO, Álvaro Vásquez del Real, observador y activista de 80 años, dijo a IPS que el respaldo de la población a la huelga está creciendo a medida que se comprende su contenido. Pero el momento ”es muy difícil. El movimiento sindical está muy debilitado por la guerra sucia y con un desempleo de casi 20%, hay mucho miedo a perder el puesto” de trabajo. Un portavoz presidencial advirtió la semana pasada que el gobierno está dispuesto a dialogar, pero ”no hay nada que negociar”, pues todas las decisiones han sido legales y son hechos cumplidos. El gobierno no descarta importar gasolina con el fin de evitar a toda costa el desabastecimiento y advirtió que los despidos se detendrán sólo cuando se levante la huelga. ”Mientras no quede despejado el panorama del futuro de Ecopetrol y de nuestro sindicato”, la huelga se mantiene, replica Hernández. Según Vásquez, la tenaza de violencia, persecución patronal y negativa gubernamental a negociar muestran que ”el golpe contra la USO está en marcha”. Por ahora, la medida es acatada por 78% de los 3.600 trabajadores convocados a la huelga, que son también los que tienen el manejo de la producción, según el sindicato. |
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