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Derechos Humanos-Colombia ONU: duras críticas a Colombia La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó, el lunes 26, duras críticas al gobierno de Álvaro Uribe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Las críticas de dicho organismo se centran en la concesión, por parte del gobierno, de facultades de policía militar a las Fuerzas Armadas El lunes 26 de abril a Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos efectuó duras criticas al gobierno colombiano acerca de la situación de los derechos humanos en el país. Las críticas se refieren específicamente a la concesión de facultades de policía judicial a las fuerzas militares colombianas y a los planes del gobierno de Álvaro Uribe de realizar reformas legales para dar impunidad a los grupos paramilitares, en contra de las recomendaciones de dicha Comisión el pasado año. La declaración también alude a ataques de Uribe a organizaciones no gubernamentales (ONG's), a algunas de las cuales acusó de terroristas. La última declaración de la presidencia de la Comisión sobre Colombia es uno de los textos más severos emitidos por ese organismo de la ONU, evaluó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas. "El documento este año es incluso más contundente que el año pasado, porque el gobierno colombiano abusó demasiado en el incumplimiento de recomendaciones de la Comisión del 2003", declaró en una nota a IPS. "Es más, el gobierno llegó a decir que Colombia no había contraído compromisos con la Comisión el año pasado, cuando es sabido que la declaración del presidente se negocia con el gobierno", agregó Gallón. La discrepancia se centró en una recomendación en particular que la Comisión hizo el año pasado a Colombia, acerca de no otorgarle facultades de policía judicial a las Fuerzas Armadas del gobierno. Gallón sostuvo que el gobierno hizo lo contrario; presentó un proyecto de ley y realizó una reforma de la Constitución, para así otorgarle a las Fuerzas Armadas dichas facultades, y el propio presidente Uribe señaló que él no había sido consultado sobre esa recomendación. "Eso es falso, y si fuera cierto, no es más que una excusa", sostuvo Gallón. A esto agregó que el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, participa activamente de las negociaciones con la Comisión. Gallón se hizo eco de las preocupaciones de la organización Amnistía Internacional (A.I.) con respecto a la situación de los derechos humanos en Arauca, región colombiana en la frontera con Venezuela. Por su parte, A.I. sostuvo que el gobierno de Uribe ha transformado la región de Arauca en un laboratorio de pruebas para sus nuevas políticas de seguridad. Arauca es una zona aislada, tradicionalmente pobre, donde hace pocos años se descubrieron yacimientos de petróleo que aportan "mucha plata fresca", pero la población sigue siendo menesterosa, dijo Gallón. En ese departamento tiene fuerte presencia la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también, aunque en menor medida, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También hay una gran presencia de fuerzas paramilitares derechistas "toleradas por el gobierno" y una gran militarización, manifestó Gallón. Hace dos años, cuando Bogotá decretó el estado de excepción, creó unas zonas especiales, mas o menos militarizadas, que llamó zonas de rehabilitación y consolidación, en dos sitios del país. Uno fue Arauca y otro, Sucre y Bolívar. "El gobierno y los agentes gubernamentales consideran y actúan como si toda la gente de Arauca fuera guerrillera. Para ellos, toda esa gente es sospechosa, y por tanto detienen gente sin orden judicial, masivamente", agregó Gallón. La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno de Colombia este año. En especial, la Comisión de la ONU se dirigió al Grupo de los 24 (G-24) países donantes que se reunieron en Londres con el gobierno de Colombia en julio de 2003. En la declaración de Londres se insistió en el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Bogotá. Además, el organismo pidió al G-24 que en la próxima reunión con Colombia, prevista para el próximo noviembre, se revise el cumplimiento de las recomendaciones. Organizaciones de derechos humanos estimaron que la declaración de la presidencia de la Comisión es un instrumento valioso y que "hay que sacarle algún fruto". El año pasado, se registraron cerca de 4 mil muertes en Colombia por acciones ajenas a los combates, en la calle, en la casa o en el trabajo. Cerca de 69% de esas personas fueron asesinadas por grupos paramilitares, la mayoría de las veces con apoyo o con tolerancia de agentes estatales, y 8% por agentes estatales directamente. El restante 23% por grupos guerrilleros. Esa es la situación más trágica y afecta fundamentalmente a campesinos o activistas sociales, a personas que en general son consideradas por los combatientes como cómplices o amigos del adversario, lamentó el director de la Comisión Colombiana de Juristas. "Prácticamente no hay violaciones de los derechos humanos que se sancionen", dijo Gallón. "En este momento eso está agravado porque la Fiscalía se está orientando a proteger a violadores de derechos humanos, paramilitares y militares. Y ya ha intervenido directamente en varios casos notorios para absolver o para no acusar a estas personas y exonerarlas de responsabilidad", afirmó. |
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