Según Gurirab, la actual legislación incluía dos opciones para la reforma de distribución de la tierra: "hasta este momento el gobierno había seguido la de oferta y compra", mientras que la otra, que es la que se va a implementar ahora, nunca fue utilizada. Desde 1995, se proporcionaron 20 millones de dólares namibios anuales para la compra de tierras, y esta cantidad ha ido en aumento desde entonces en 50 millones cada año, explicó Gurirab.

Durante los últimos años y con este sistema, el gobierno "había comprobado con consternación y ultraje cómo los trabajadores de las granjas eran destituidos y se transformaban en indigentes, terminando junto con sus familias y sus pertenencias deambulando por las carreteras". Muchos trabajadores de las granjas perdieron lo que había sido su hogar durante generaciones, agregó el premier.

El primer ministro manifestó que más de 240 mil namibios sin tierra están actualmente esperando la redistribución de las tierras. Por lo tanto, el gobierno ahora decidió implantar la reforma de la tierra recurriendo a las expropiaciones forzadas, a cambio de justas remuneraciones.

La Unión Agrícola de Namibia (NAU, por su sigla en inglés), que representa a los granjeros comerciales de descendencia europea del país, anunció que recibió el aviso de Gurirab sobre la aceleración de la reforma de la tierra. La organización pidió a los dueños de las granjas que no "reaccionen ante la noticia" y que colaboren en mantener la paz y la estabilidad del país.

Sin embargo, la NAU asegura que el sistema utilizado anteriormente no debería ser tomado como un fracaso, ya que varias granjas comerciales han sido transferidas a namibios por precios muy bajos. La organización manifestó su temor y preocupación ante la "auscencia de criterios claros sobre la selección de las granjas que serán expropiadas".

Según el diario The Namibian, todavía no está claro cuantas granjas serán expropiadas ni la fecha exacta de inicio de este proceso. La publicación dice que existen opiniones desencontradas acerca de la medida; mientras algunos consideran que se trata simplemente de una medida con el fin de acaparar partidarios por parte del partido de gobierno (SWAPO), existen quienes piensan que es una forma de obligar a los granjeros a vender sus tierras a precios mucho menores de lo que realmente valen.