Con ese aval, el pasado 29 el jefe de Estado emitió un mensaje televisivo para dar garantías al parlamento para que funcione en La Paz, y con el fin de desalentar corrientes que propugnan el cierre de ese poder del Estado. Dicha intervención se debió a la crisis política desatada por un acuerdo legislativo impuesto por partidos ligados a Sánchez de Lozada, para trasladar, en caso de necesidad, las sesiones congresales a otra ciudad.

La medida provocó advertencias de organizaciones sociales de cerrar el parlamento si sigue demostrando ineficiencia y respuestas contrarias a las demandas ciudadanas de cambio, rasgos que han devaluado severamente la imagen pública del premier. Igualmente, la propuesta fue precedida por una denuncia, sin pruebas, del presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, sobre un supuesto plan de un grupo armado clandestino para tomar el Parlamento militarmente y propiciar una asonada, versión que según el alcalde de La Paz, Juan del Granado, preparaba el terreno para la polémica decisión.

La medida, también fue rechazada por las organizaciones populares y por los alcaldes de La Paz y del municipio vecino de El Alto. José Luis Paredes, alcalde de El Alto, en los últimos días, durante una asamblea de instituciones de la ciudad, condenó la decisión y exigió la renuncia de Vaca Diez.

El foro acusó al titular del Congreso de buscar la desintegración de Bolivia, en alusión a la exacerbación de los regionalismos practicada por el pasado gobierno, que dio lugar a reclamos de la capital histórica, la sureña ciudad de Sucre, para que el parlamento retornara a esa urbe.

La sede del Legislativo fue trasladada a La Paz tras una guerra civil en el siglo XIX. El alcalde Del Granado dijo que el pacto parlamentario busca evitar un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, sobre quien la Suprema Corte pidió una decisión al Congreso esta semana, e impedir el control social que la población capitalina ejerce sobre los legisladores.

En vez de cambiar de sede, los parlamentarios deben cambiar de actitud y desterrar prácticas antidemocráticas, señaló. Por su parte, el alcalde de El Alto acusó a Vaca Diez de participar en un proceso sedicioso contra Mesa, quien dijo también que la suerte de su administración está ligada a la vigencia del Congreso.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, coincidió en que el acuerdo para trasladar eventualmente el Congreso a otra ciudad forma parte de planes golpistas de los seguidores de Sánchez de Lozada. El ex presidente socialdemócrata, Jaime Paz Zamora, consideró inoportuno e improcedente el acuerdo parlamentario que, según dijo, atenta contra la unidad nacional, al tiempo que señaló que el pueblo paceño garantiza el funcionamiento del Congreso.

Paz Zamora desautorizó tácitamente así a los legisladores de su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que votaron a favor del eventual cambio de sede, incluyendo al propio Vaca Diez, quien dejó abierta la posibilidad de revisar el acuerdo. También rechazó la decisión legislativa el diputado Hugo San Martín, disidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de Sánchez de Lozada.

San Martín argumentó que la determinación constituye una maniobra política para sumir en una crisis y empantanar al Congreso, cuando está a punto de nombrar jueces electorales y tratar la aprobación de un juicio de responsabilidades contra el ex gobernante.

La designación de los magistrados es indispensable para la celebración de un referéndum sobre el resistido proyecto de exportación de gas y de la elección de una asamblea constituyente, puntos claves del proceso democratizador del presidente Mesa. El sindicalista Solares apuntó que el Congreso será cercado y cerrado por el pueblo, aún en el caso de que se traslade a otra ciudad, si no atiende las demandas sociales y legisla contra el modelo económico neoliberal y a favor de los bolivianos.

En el ámbito económico, el inminente anuncio de medidas de austeridad y de reducción del déficit fiscal, reclamados desde el anterior régimen por el Fondo Monetario Internacional (FMI), contra la grave crisis reinante, concentra gran expectativa y motiva las advertencias sociales contra decisiones que afecten a la mayoría.