Estados Unidos exhortó a los 33 países americanos que participaron de la Cumbre Extraordinaria de las Américas realizada en Monterrey, México, los días 12 y 13 de enero, a continuar democratizando sus sociedades, abriendo sus economías y afianzando el derecho a la propiedad, así como a comprometerse con el libre comercio y a facilitar la gestión empresarial, según publicó la agencia IPS.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil señalan que estas medidas no aportarán nada a la lucha contra la pobreza extrema, generalizada en la mayoría de las Américas. Los gobiernos acordaron realizar una cumbre extraordinaria debido a los cambios económicos y políticos que se están registrando en todo el mundo.

Desde la cumbre de Québec, celebrada en abril de 2001, 14 nuevos jefes de gobierno asumieron el mando de sus naciones, John F. Maisto, Coordinador de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas y Representante
Permanente de Washington en la OEA, sostuvo que esto junto con los atentados del 11 de setiembre de 2001, marcaron nuevos desafíos políticos y económicos, así como una nueva dinámica en la región. Una cláusula aprobada el 11 de setiembre de 2001 en una reunión de cancilleres llevada a cabo en Perú obliga a los gobiernos a defender activamente la democracia en la región e incorpora la posibilidad de que un país sea sancionado a causa de eventuales quiebres institucionales.

Distintos activistas consideran que la cláusula democrática no se ha traducido en beneficios concretos para la gente pobre y advirtien que las reformas económicas recomendadas por Estados Unidos agravaron la pobreza y la brecha entre ricos y pobres.

Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, oficina independiente del gobierno), advirtió que los líderes de la región deben mostrar que saben que los pobres latinoamericanos no se han beneficiado económicamente pese a la consolidación de la democracia en la región, y deben decir cuáles son sus planes al respecto.

Los líderes de la región y de Estados Unidos necesitan despertarse y sentir el aroma del café. La falta de progresos económicos y la corrupción predominante en algunos países latinoamericanos están socavando las reformas y la estabilidad democrática, agregó Olson.

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que, pese a la redemocratización de los países de América en la década de 1990, 220 de los 530 millones de latinoamericanos viven por debajo de la línea de pobreza.

WOLA y otras ONGs se muestran desilusionadas por el énfasis puesto por Bush en Monterrey sobre asuntos que, según las mismas, benefician a Estados Unidos y a sus empresas. El mejor paso para salir de la pobreza es la propiedad, dijo el secretario de Estado adjunto estadounidense para asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega.

Reformar leyes y regulaciones para que la propiedad sirva como garantía durante la obtención de créditos es una tarea escencial y urgente, agregó Noriega. Los funcionarios estadounidenses suelen mencionar un estudio realizado por el Banco Mundial según el cual lleva más tiempo fundar una empresa en América Latina que en África subsahariana, la región más pobre del planeta.

Por ejemplo, en Brasil, se requieren tres meses (en promedio) para instalar una empresa en "regla"; en Estados Unidos, sin embargo, se necesitan tres días, afirman. El libre comercio y la concreción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para enero de 2005 están pendientes en la agenda de Washington.