En un documento presentado el 9 de diciembre al presidente Fox por parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se advierten retrocesos en lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres y al mantenimiento del Estado laico. El informe fue elaborado durante un año por Anders Kompass, representante del Alto Comisionado en México y cuatro especialistas del organismo y bajo una serie de consultas con organismos civiles y de gobierno con miras a generar un programa nacional.

Las mayores preocupaciones hacen referencia a la vigencia y mantenimiento del Estado laico, que ha sido fundamental, según el informe, para los avances alcanzados por las mujeres mexicanas en los campos de los derechos sexuales y reproductivos, de su derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria; del derecho al trabajo y a la igualdad en materia de libertades y derechos familiares.

El documento hace una dura crítica a las Guías de padres, elaboradas por Vamos México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como un acto que "pone en riego la laicidad de la educación". El tiraje de un millón de ejemplares de las Guías de padres fue distribuido en las escuelas primarias y secundarias del país, a pesar de las críticas de educadores sexuales por considerarlas retrógradas en su contenido.

Los gobiernos locales y diversos funcionarios del gobierno federal carecen de compromiso político real con los derechos de las mexicanas, lo que, según el informe, se hace evidente en una disminución de acciones a favor de las mujeres. El estudio denuncia que el impulso del segundo lustro de la década de los años 90 en favor de la equidad de género en las políticas públicas parece haberse frenado.

El informe señala que dentro del campo educativo, de desarrollo de sistemas de información por sexo y en acciones de sensibilización a la perspectiva de género en las políticas públicas no mantienen el nivel de finales de los años 90. Es muy escasa la participación femenina en las decisiones de la política macroeconómica, en los acuerdos con organismos financieros internacionales y de libre comercio, así como en lo que toca a las privatizaciones y reformas estructurales.

Todas las trabajadoras (principalmente jornaleras y relacionadas al sexo) son discriminadas en sus salarios, su derecho a la maternidad y la profesión que puedan ejercer, denuncia el informe. Sólo destaca como positiva la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la ampliación del Programa Arranque Parejo en la Vida para atender a las mujeres en el embarazo y parto.

En las recomendaciones generales para cumplir los derechos de las mujeres, el documento pide fortalecer los mecanismos para hacer realidad la equidad de hombres y mujeres, promover políticas para acabar con la violencia sistémica de género y adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación, así como asegurar los programas y acciones para garantizar el acceso de las mexicanas a servicios de salud sexual y reproductiva, que ofrezcan calidad y no discriminen.