Por décadas, grupos indígenas amazónicos y descendientes de cimarrones (esclavos fugados en los siglos VII y XVIII- que recrearon sus sociedades de origen en el interior de Suriname) que habitan el interior boscoso del país, se han quejado de que el gobierno de Suriname no ha reconocido sus derechos a sus tierras ancestrales.

Por el contrario, el gobierno ha parcelado los bosques, adjudicándoselos a mineros y aserradores y a áreas protegidas.

Desde que en 1954 el territorio (cuya conformación étnica es aluvional, conformada por una base de colonizadores, esclavos e indígenas, además de inmigrantes asiáticos) alcanzara autonomía, los conflictos étnicos no han faltado. En la década de 1980, por ejemplo, el ejército de Liberación de Suriname, un grupo guerrillero conocido como el Comando de la Jungla, consistente principalmente de negros cimarrones, llevó a la muerte de muchos civiles cimarrones, a manos del ejército Nacional, y la huida de muchos de éstos a la Guyana Francesa.

Recientemente, los veedores del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (quienes vigilan el cumplimento de la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, firmada por 165 países, ratificada por Suriname en 1985) emitieron una decisión estableciendo que “en Suriname se están cometiendo serias violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, particularmente amerindios y cimarrones: además de la discriminación contra estas comunidades en lo relativo al empleo, educación, cultura y participación en todos los sectores de la sociedad. Es preciso llamar particularmente la atención sobre la ausencia de reconocimiento a sus derechos a la tierra y sus recursos, sobre la negativa a consultarlos sobre lo relativo a concesiones de minería y talado a compañías extranjeras, y sobre el hecho de que las actividades de las actividades de las compañías mineras, en especial el descarte de mercurios, son una amenaza para la salud y el medio ambiente”.

El Comité ha pedido, como “asunto urgente”, que Suriname someta un informe no posterior al 30 de junio de este año y ha hecho referencia a su Recomendación General N° XXIII sobre Pueblos Indígenas, que fuera adoptada en 1997. Esta recomendación llama a los distintos países a “reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus tierras comunales, territorios y recursos, así como a tomar medidas para retornar las tierras y territorios de las que se hayan visto privados contra su libre -ya sea aquellos tradicionalmente en su posesión o habitados de otro modo-“.

Asimismo, la recomendación llama a “garantizar que los miembros de pueblos indígenas tengan iguales derechos en lo relativo a la participación efectiva en la vida pública y que no se tomen medidas, relacionadas a sus derechos e intereses, sin su bien informado conocimiento”.

Los surinem fueron los primeros pobladores del territorio actualmente denominado Suriname, aunque fueron expulsados, en el siglo XVI, por indios caribe. Desde que a comienzos del siglo XVII, primero los ingleses y luego los holandeses, se instalaron en la Guayana e iniciaron el comercio de esclavos, la sociedad del actual Suriname fue componiéndose sobre la base de colonizadores, esclavos e indígenas. En 1863 las colonias holandesas abolieron la esclavitud y esta mano de obra fue sustituida por el trabajo semiesclavo de inmigrantes chinos, de Madeira, de la India y de Java. De esta forma se fue generando una estructura étnica compleja, con el grupo indio -el más reacio al mestizaje y fuertemente apegado a sus tradiciones culturales- como mayoría relativa, los "criollos" -descendientes de esclavos-, los javaneses, los negros "cimarrones" (cuyos ancestros fueron esclavos fugados a la selva), los indios americanos y una pequeña minoría europea. Los creoles (descendientes de la mezcla de europeos con africanos y asiáticos), son el 30% de la población y coexisten con minorías de javaneses (16%), indo-paquistaníes (33%), cimarrones (africanos, 10%), indígenas (3%) y holandeses. Las estimaciones oficiales indican que 1/3 de la población (alrededor de 175.000 personas) vive fuera del país, particularmente en los Países Bajos.