En el norte de Brasil, los niños que son detenidos y, en algunos casos encarcelados, son víctimas sistemáticas de abusos a sus derechos. Reciben habituales palizas por parte de la policía y en los centros de reclusión los más pequeños sufren la violencia de los más grandes, denunció Human Rights Watch (HRW).

Brasil es una confederación de estados donde cada uno de los gobiernos estatales mantiene control exclusivo sobre el manejo de su sistema de detención juvenil. Sin embargo, al gobierno central se le asigna un papel fundamental en la vigilancia del cumplimiento de la legislación nacional de justicia juvenil.

El gobierno central tiene la facultad de condicionar el financiamiento de los sistemas estatales de detención juvenil en el caso de que los estados no cumplan con ciertos estándares en materia de derechos humanos.

HRW denunció que la policía les propina habitualmente palizas a los niños tanto antes como después de la detención. Los abusos suelen producirse en las comisarías, en las que, según las leyes brasileñas, los niños pueden estar detenidos hasta 5 días mientras esperan su traslado a un centro de detención juvenil. En las áreas rurales, donde habitualmente se incumple el plazo máximo de 5 días de detención en los calabozos policiales, los niños corren un mayor peligro de sufrir malos tratos en manos de las fuerzas de seguridad.

Una vez transferidos a los centros de detención, suelen sufrir nuevamente la violencia por parte de la policía militar estatal, encargada de garantizar la seguridad de los centros de detención, sofocar los motines y otros disturbios, responder a los intentos de fuga y realizar registros rutinarios a las celdas. Los niños entrevistados por HRW dijeron que con frecuencia la policía militar los golpea con cassetetes (cachiporras de goma con el interior de metal). Las niñas no suelen tener recreos comparables a los de los niños. Pasan la mayor parte de su tiempo de ocio cosiendo, realizando otras manualidades o durmiendo.

La organización exhortó a los centros de detención a tomar medidas para proteger a los niños del abuso por parte de sus compañeros. Además, pidió que se ponga fin al encierro y confinamientos en solitario, así como a otras medidas que pueden poner en peligro la salud tanto física como mental de los menores.

El maltrato físico no es la única violación a los derechos humanos que sufren los niños detenidos. Al ingresar en un centro de detención, los niños suelen permanecer encerrados en sus celdas durante 5 o más días sin posibilidad de ejercitarse ni de realizar ninguna actividad.

El confinamiento en las celdas es también la principal medida disciplinaria oficial; esta medida no está regida por normas o procedimientos claros, además no hay límites sobre el tiempo que los niños pueden estar encerrados.

La mayoría de los detenidos sólo ha cursado entre uno y cuatro años de escuela; muchos de ellos son analfabetos. El acceso a la educación escolar sería beneficioso para muchos de ellos; sin embargo, varios menores no reciben instrucción durante la reclusión, en una práctica que constituye una violación a la Constitución brasileña y el derecho internacional. A su vez, los niños que están confinados no pueden asistir a clases.

La mayoría de los centros de detención no investiga las denuncias de malos tratos. Los funcionarios de Manaus fueron los únicos que plantearon el problema de los abusos por parte de los guardias y la policía militar y lo discutieron públicamente. Pablo Sampaio, director del Departamento de la Infancia y la Adolescencia de Amazonas, declaró que no puede ocultarlo, ya que si lo hiciera, estaría perpetuando esta violación.