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Celso Furtado, uno de los grandes economistas brasileños, propuesto para el premio Nobel de economía de 2003, reprochó el inmovilismo crónico de la sociedad brasileña que, según él, se resiste a cambiar. A su vez, agregó que todos los problemas han sido expuestos: nadie tiene la menor duda de que hay que desconcentrar la renta, pero nadie lo hace, argumentó.

 

17/10/2003
Política social
Distribución de la riqueza

El 1% más rico de la población de Brasil gana lo mismo que el 50% más pobre. El presidente Lula busca apoyo para corregir la situación con reformas radicales, intentando poner fin a una desigualdad que tiene más de 100 años de antigüedad.

La desigualdad es la nota predominante en los últimos 100 años en Brasil. A lo largo del siglo XX, este país aumentó su riqueza pero no la distribuyó. El Producto Bruto Interno (PBI) se multiplicó por 110, pero la concentración de la renta llegó a tal punto que el 1% más rico de la población gana lo mismo que el 50% más pobre.

Los datos forman parte de las "Estadísticas del siglo XX", un informe de 16.000 gráficos y estudios analíticos que acaba de presentar el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Brasil ha tenido en el siglo XX un aumento del PBI per cápita de similares características a Japón, Finlandia, Noruega y Corea del Sur, pero esto no ha impedido que los ingresos del 10% más rico sean 47% superiores al 10% más pobre.

El presidente del IBGE, Eduardo Pereira Nunes, subrayó el fantástico crecimiento de Brasil, comparable al de pocos países en este siglo. Pero, al mismo tiempo, enfatizó que el país ha sido incapaz de resolver una serie de problemas que sigen vigentes en los primeros pasos del siglo XXI.

Según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Brasil terminó el siglo XX en los últimos lugares de los países con peor distribución de la renta en el mundo. Detras de él sólo quedaron cinco países del continente africano: Namibia, Sierra Leona, Swazilandia, Botswana y República Centroafricana.

La desigualdad llegó al punto más alto en los años 1990, disminuyó al finalizar el siglo, pero no mejoró los índices de la década de 1970. El PBI dio un salto colosal en 100 años al pasar de 9.184 millones de reales en 1901 a poco más de 1 billón de reales en 2000, lo que es igual a un incremento de 110 veces.

En el mismo periódo de tiempo, la población aumentó de 17,4 millones de habitantes a 169,8 millones. Brasil pasó de una economía dependiente de la exportación de café a una economía industrializada que sustituyó las importaciones. Pero el incremento de las riquezas no se vio reflejado en un aumento de la justicia social.

La desigualdad también tiene otras raíces: raciales, los negros y mulatos que conforman el 45% de la población ganan menos que los blancos; de género, la mujeres superan númericamente a los hombres pero son más discriminadas a nivel laboral; y regionales, entre los estados más pobres del norte y los más ricos del sur.

Brasil es más educado, más urbanizado, más alfabetizado, más industrializado y con una población más longeva y femenina que un siglo atrás. La mortalidad infantil ha retrocedido, aunque más del 6% de los niños muere por enfermedades típicas del Tercer Mundo.

Reformas

La presentación del informe sirvió para rendir homenaje a Celso Furtado, uno de los grandes economistas brasileños, propuesto para el premio Nobel de economía en 2003. Furtado reprochó el inmovilismo crónico de la sociedad brasileña que, según él, se resiste a cambiar. A su vez agregó que todos los problemas han sido expuestos: nadie tiene la menor duda de que hay que desconcentrar la renta, pero nadie lo hace, argumentó.

La modificación de esta realidad de la sociedad brasileña es el objetivo del gobierno de Lula, que, al cumplir nueve meses de mandato está en plena lucha para comenzar a doblegar algunos privilegios. Las reformas de la Seguridad Social y del sistema tributario son los dos grandes objetivos que se pretenden lograr antes de que termine el año.

El 30 de setiembre Lula recibió a los 27 gobernadores de todos los estados del país para discutir la unificación de los programas sociales en la llamada Bolsa-Familia, que el gobierno ha presupuestado en 5.300 millones de reales para el año próximo. Los gobernadores, más interesados en hablar de las consecuencias de la reforma fiscal, se resisten a aportar los fondos que reclama el ejecutivo federal para llevar a cabo los programas.

El primer mandatario presentó oficialmente el programa Bolsa-Familia, en el que quedarán incluidos cuatro programas -Bolsa-Escuela, Bolsa-Alimentación, la cartilla alimentaria y la ayuda al gas-, que estaban diseminados en cuatro ministerios distintos. De los 27 estados, sólo 12 tienen proyectos propios de transferencias de recursos.

Diferencias políticas

La mayoría de los gobernadores pertenecen a fuerzas políticas distintas del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder, aunque algunas de ellas lo apoyan en el Congreso. El respaldo no es gratuito y tiene su contrapeso precisamente en el enorme poder de los estados.

El presidente Lula ha tenido que demostrar su poder de negociación a la hora de aplicar una política económica ortodoxa, que satisface a los organismos financieros internacionales y ha permitido mantener en orden las cuentas fiscales y, a la vez, proponer reformas hasta ahora ensayadas pero nunca puestas en práctica.

La lentitud de los cambios prometidos en la campaña ha provocado que en las propias filas del PT surgieran las voces más discordantes contra el presidente y sus políticas; éste enfrenta el dilema de tener que expulsar del partido a los parlamentarios más díscolos, que en la primera parte del debate votaron contra las reformas tributarias y de la seguridad social.

Los gobernadores acudieron a Brasilia con ideas claras sobre qué temas había que discutir, sobre todo después de las declaraciones del ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, número dos del gobierno. Dirceu, en vísperas de la reunión, acusó a algunos de los gobernadores de los estados más ricos de estimular la guerra fiscal, al recurrir a la concesión de nuevos incentivos fiscales en sus respectivos estados con el único objetivo de atraer la instalación de nuevas empresas.





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