En Brasil, la autorización para sembrar soja genéticamente modificada para la próxima temporada fue publicada el pasado 26 de setiembre, pese a la opinión de la ministra de medio ambiente, Marina Silva, del Consejo Nacional de Medio Ambiente, órgano normativo oficial, de numerosas ONGs y de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

La Asociación de Jueces Federales anunció que cuestionaría la medida en la Suprema Corte de Justicia, por considerarla inconstitucional, ya que está en vigencia un fallo judicial de 2000, que prohibe la siembra de transgénicos sin un estudio previo de impacto ambiental y en este caso no se ha realizado.

Se creó así un cuadro de crisis institucional, con el Poder Ejecutivo pasando por arriba al Judicial, ya que el fallo sólo puede ser revocado por otra decisión judicial y no por una medida provisional, sostuvo el magistrado Paulo Domingues, presidente de la asociación.

La medida provisional, creada por la Constitución de 1988 en sustitución del decreto-ley, permite al jefe de gobierno legislar de forma inmediata en casos urgentes. El Congreso legislativo debe ratificarla o rechazarla en los 60 días siguientes.

El vicepresidente José Alencar, en ejercicio de la presidencia, dudó durante tres días antes de firmar la medida en la noche del jueves, por reconocer que ella ”contraría la legislación”. Sucesivas reuniones con ministros y parlamentarios desnudaron la división del gobierno en ese tema.

Alencar dejó en claro que firmó la medida provisional a disgusto, cumpliendo una determinación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de visita esta semana a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México y Cuba.

En marzo, una medida similar autorizó la comercialización de la legumbre que ya se había cosechado o estaba por cosecharse en el estado de Río Grande del Sur. Sin embargo, sólo se podía vender la soja cosechada hasta el 31 de enero de este año y mantenía la prohibición de nuevas siembras.

El 70% de la soja plantada en ese estado era transgénica, se estimaba entonces. La destrucción de casi seis millones de toneladas cosechadas hubiera provocado un colapso agrícola y una crisis social; con este argumento se impuso la medida excepcional.

Esperando por la justicia

Según Orlando Desconsi, diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ahora se libera la siembra, es decir una producción futura. ”Los jueces tienen razón”, la medida viola un artículo de la Constitución que exige estudios certificando que no se dañará el ambiente, observó Desconsi, afirmando que la mayoría de sus pares del partido de los trabajadores (PT) rechazan la medida, pero podrían aprobarla por razones de gobierno.

Su esperanza es que la Suprema Corte anule la medida, en respuesta a la acción anunciada por los jueces federales, el Partido Verde y posiblemente el procurador general de la República, Claudio Fonteles. Según Lula, el paso del Poder Ejecutivo responde a una ”realidad concreta” de emergencia, porque los agricultores del sur alegan disponer sólo de semillas transgénicas y advierten que las usarán de cualquier manera en la siembra que empieza la próxima semana.

La legalización de esa ”realidad irreversible” fue reclamada también por el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, autoridades riograndenses y organizaciones empresariales. La medida es necesaria para que los agricultores puedan ”optar libremente” entre alternativas disponibles, arguyó el diputado Francisco Turra, del conservador Partido Progresista de Río Grande del Sur.

En opinión de Turra, también abogado, la medida excepcional no crea un conflicto con la justicia, porque el fallo mencionado fue sometido a una instancia superior que aún no emitió sentencia sobre el mérito de la cuestión. Con todo, el gobierno trató de prevenir derrotas judiciales, imponiendo varias restricciones. La soja transgénica podrá ser sembrada y vendida solo hasta 31 de diciembre de 2004, después será incinerada.

Los agricultores tendrán que firmar un compromiso asumiendo los cargos de potenciales daños ambientales y a la salud humana. Además, la siembra transgénica queda prohibida en áreas de protección ambiental y conservación de biodiversidad, para reducir el riesgo de contaminación.

Los estudios realizados hasta ahora sobre la variedad en cuestión, la Roundup Ready de la corporación estadounidense Monsanto, se realizaron en países de poca diversidad biológica y por tanto no sirven a la rica realidad brasileña en la materia, destacó Silva.

Según Marilena Lazzarini, coordinadora del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), toda la confusión fue provocada por el gobierno, que además de ”atropellar” a la justicia, las leyes ambientales y los derechos del consumidor, incumplió sus promesas de poner fin a situaciones excepcionales con una legislación amplia y definitiva sobre transgénicos.

Silva argumentó que todavía no existen estudios concluyentes sobre la inocuidad ambiental o sanitaria de los organismos modificados en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, con fines de mejorar su rendimiento o resistencia, por lo cual sería una irreponsabilidad aprobar su siembra.