La rebelión comenzó en las clases marginales de la sociedad y ha puesto en jaque al presidente Gonzalo Sánchez de Losada, Sánchez carece de apoyo popular (según encuestas menos de un 9%) y sólo tiene como respaldo fuerte al ejército y a la embajada de Estados Unidos.

La revuelta social va en aumento. En la campiña del altiplano boliviano, el ejército nacional y campesinos libran escaramuzas por controlar las principales carreteras, mientras que en La Paz, sede del gobierno, se llevan a cabo marchas y manifestaciones contrarias a la política neoliberal del gobierno.

Según dirigentes sindicales, en los sindicatos se están realizando los preparativos para iniciar una huelga general indefinida, al igual que el bloque de las rutas más importantes. A su vez, revelaron que la táctica es cerrar los caminos y marchar hacía las ciudades, especialmente a La Paz, donde se decidiría la suerte del conflicto.

El principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Jaime Solares, declaró a la prensa boliviana que si Sánchez de Lozada no atiende las demandas debe irse. La COB junto a los sectores campesinos y a las organizaciones sociales y populares cada vez más radicalizadas como el Movimiento al Socialismo (MAS) del cocacalero Evo Morales, han conformado una dirección única de las movilizaciones, la Coordinadora de defensa del gas.

El objetivo de los "rebeldes" es claro y apuesta a convulsionar paulatinamente a Bolivia hasta lograr la renacionalización de la industria petrolera o, en su defecto, la caída de Sánchez, un millonario que ha hecho fortuna en las minas de Oruro y Potosí, las regiones más pobres y marginadas de Bolivia. Según el cálculo de la coordinadora, la presión popular obligaría al presidente a anular el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, impulsado por el consorcio transnacional de Pacific LNG, integrado por Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Gas, esta última subsidiada por la British Petroleum.

Este proyecto, como dijo uno de sus impulsores, el presidente de British Gas, Edward Miller, les reportará un ingreso anual de más de 1.300 millones de dólares, mientras que para el estado boliviano quedarán entre 40 y 70 millones de dólares en impuestos y regalías.

Según expertos en economía, las enormes diferencias económicas son producto de la desnacionalización de la industria petrolera que comenzó en 1985, con el gobierno de Hernán Siles Zuazo, y culminó en 1997 cuando Sánchez de Lozada, dos días antes de términar su primer mandato presidencial, le transfirió el usufructo de los hidrocarburos a las multinacionales mediante un decreto que fue denunciado como inconstitucional ante el Tribunal Constitucional.

Gracias a este decreto, las multinacionales que operan en Bolivia se han apoderado de las reservas de gas del país, las que alcanzan los 52 trillones de metros cúbicos, la segunda más importante de Sudamérica, valorada actualmente en más de 80.000 millones de dólares. Esta gran riqueza ha traído escasos e imperceptibles beneficios para los bolivianos. Ellos creen que si las reservas vuelven al estado pueden industrializar al país y mejorar sus precarias condiciones de vida y trabajo.

El gas es la última oportunidad que tiene Bolivia para salir del atraso, aseguró Solares, quien a diferencia de los otros miembros de la Coordinadora piensa que Sánchez de Lozada no cederá en el tema del gas, por lo que los trabajadores no tendrían otra opción que derrocarlo.

El gobierno

Esta posibilidad también es evaluada por las propias autoridades, que han acusado a los grupos manifestantes de estar conspirando contra la democracia. En el ejecutivo hay dos tendencias; una militarista, la cual pretende acabar de inmediato con la rebelión sin importar los métodos, la otra, es la dialoguista, la cual pretende hacer conseciones parciales a los sectores populares, pero preservando la presidencia de Sánchez y lo más que se pueda los negocios petroleros con las multinacionales.

El presidente está entre las dos tendencias. Al principio se había inclinado por la opción militarista, pero luego de el escándalo del sábado 20 en Warisata con un saldo de 7 muertos y una veintena de heridos, giró hacia la segunda salida, por lo menos temporalmente hasta que se disipe la condena popular por los echos. En el oficialismo, sin embargo, hay desconfianza sobre el manejo de la crisis, y los parlamentarios se quejan de la poca participación que el gobierno les otorga.

Los sindicalistas

Los sindicalistas también apuestan a generar grandes movilizaciones de masas para los primeros días de octubre, con la esperanza de fisurar la disciplina del ejército y neutralizar su capacidad de fuego. Entre los sindicalistas se cree que la derrota militar que sufrió Bolivia con Chile en 1879, con la pérdida de territorios y de la salida al mar, impediría que las Fuerzas Armadas bolivianas consumen una "traición a la patria" e impongan a bala y bayoneta la venta de gas por el puerto chileno de Patillos.

Según Solares, lo que está en disputa hoy, en medio de los bloqueos de carreteras, en medio de la piedra y de la bala, con campesinos e indígenas, apoyados por obreros, estudiantes y clases medias empobrecidas, es nada más y nada menos que la lucha por el derecho a una vida digna.

La situación de los campesinos e indígenas

Con una economía en ruinas, desahuciados y despreciados por los poderes públicos y una sociedad que aún los ve con indiferencia y arrogancia, los campasinos e indígenas bolivianos tienen muchas justificaciones para rebelarse. La forma de vida y la economía campesina en gran parte del altiplano y los valles de Bolivia está herida de muerte. La libre importación de productos extranjeros, el abandono gubernamental, el minifundio y la falta de tierra están condenando a la economía campesina, donde predomina una bajísima productividad, la pobreza es omnipresente y crece a pasos agigantados el descontento social.

Por esto, no es casual que, de cada 10 campesinos, cinco pasen hambre y cuatro tengan apenas lo suficiente para comer el minimo indispensable, según las cifras oficiales. Si se mantiene este ritmo de deterioro productivo y empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, en un plazo no mayor a 20 años la economía campesina ya sólo sería un recuerdo, advierten las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica.