El Salvador: armados hasta los dientes
Según datos publicado por la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), el problema con las armas es más complejo de lo que se pensaba. El Salvador padece altos niveles de violencia directamente relacionados con la tenencia de armas de fuego. Más del 43% de las armas utilizadas para cometer crímenes y delitos, por los actuales convictos, estaban registradas legalmente.

Según revelan los resultados de diversos estudios realizados por la Universidad Centroamericana (UCA) sobre la violencia y las armas de fuego en El Salvador, la tenencia y permisividad de armas de fuego de la que goza la sociedad está directamente relacionada con los altos niveles de violencia reinantes en ese país.

Los estudios revelan que más del 43% de las armas utilizadas para cometer crímenes y delitos estaban registradas legalmente. En una de las conclusiones se señala que "la circulación poco controlada de las armas legales y la existencia de un mercado negro cada vez más grande, han permitido que el crimen totalice la vida social salvadoreña". Según cálculos realizados mediante encuestas de opinión pública, en El Salvador existirían más de 400 mil armas de fuego en manos de civiles. La cifra demostraría que el 10% de las personas mayores de 13 años posee un arma de fuego. De esa cantidad, sólo 145 mil estarían registradas por las autoridades.

Aproximadamente 20% de las armas registradas provienen del mercado legal, el resto del comercio ilegal o de las que permanecen circulando luego de finalizado el conflicto bélico en 1992; sin embargo la importación legal de armas ha disminuido en los últimos años. La mayor parte de las armas registradas son armas cortas (75%). El resto son armas largas, entre las cuales se destacan las armas de guerra con calibre de hasta 11mm, o escopetas de hasta 0,775 pulgadas.

Los registros policiales muestran que la proporción de homicidios realizados con armas de fuego aumentó en los últimos años. Entre 1999 y 2000 el 75% de los homicidios fueron llevados a cabo con armas de fuego. La mayor parte de las víctimas fueron hombres de entre 10 y 30 años, los crímenes se registraron en los departamentos, o ciudades, donde la cantidad de armas de fuego en manos de la sociedad civil es llamativa.

América Latina y el Caribe son las regiones más violentas del mundo, con una tasa de 30 muertes por homicidio cada 100 mil habitantes. El Salvador posee una de las tasas más altas de violencia criminal, datos del mismo estudio muestran que el país experimentó una disminución paulatina en sus tasas de homicidios durante los últimos años, de todos modos, mantiene la elevada tasa de 100 asesinatos cada 100 mil habitantes.

Los datos arrojados por UCA muestran que aproximadamente la mitad de la población salvadoreña ve en la tenencia de armas un recurso para defenderse de la delincuencia, o como símbolo de estatus y poder. Según el informe, la actitud de la población tiene que ver con la cultura que durante años ha estimulado la tenencia pública de armas de fuego. Estas circunstancias beneficiaron el uso de las mismas, también se promovieron iniciativas de ley que permiten que cualquier ciudadano porte un arma de guerra, o, incluso, adquiera cualquier cantidad de las mismas. A su vez, existen iniciativas por parte de organizaciones de la sociedad civil para limitar o restringir el uso de armas de fuego.

El efecto de las armas es contraproducente y sólo estimula un círculo vicioso de inseguridad, porque el número de homicidios y asesinatos mantiene niveles elevados y la población mantiene la necesidad de armarse para defender su vida. A juzgar por la discusión que reina en los medios de comunicación y en las declaraciones de los que están a favor, la razón básica para que los ciudadanos posean un arma de fuego es su propia protección o seguridad. Un estudio del PNUD determinó que el 92% de las personas que admiten tener un arma argumentan que es para su seguridad y la de su familia.

Para Naciones Unidas, "las instituciones nacionales no han podido evitar el fuerte tráfico ilegal de armas en El Salvador". Ese fenómeno, sumado al inefectivo control estatal sobre la totalidad de las armas que circulan, "constituye un elemento desestabilizador en la sociedad salvadoreña". A su vez, criticaron los decretos transitorios aprobados por la Asamblea Legislativa que permitieron la matrícula de armas sin comprobante de compra que asegurar su legalidad, eso fomentó contrabando y el comercio ilegal de armas en el país, sin descartar consecuencias en la región.

El estudio de Naciones Unidas determinó ciertos riesgos de robo que se presentan en el proceso aduanero con la importación legal de armas. También criticó los mecanismos de control, que no evitan su utilización con fines criminales. "Los esfuerzos del control de armas no logran integrarse a la cadena de combate a la impunidad en El Salvador", enfatiza el estudio. Es de destacar que en El Salvador no existe ninguna instancia gubernamental o institución autónoma encargada de sistematizar las estadísticas de violencia en el país.

El negocio de las armas

El Salvador tiene registradas 29 empresas importadoras de armas. Las mismas realizan una publicidad abierta e irrestricta, poseen locales de ventas en centros comerciales donde se pueden realizar todo tipo de actividades económicas, con lo cual, se lo ve y presenta como un comercio totalmente normal. Al mismo tiempo, los controles para otorgar una licencia de porte y tenencia de armas son virtualmente inexistentes. Cualquier persona con la cantidad de dinero necesaria puede adquirir un arma, sin importar su estado de salud mental y, muchos veces, tampoco cuentan los antecedentes policiales.

Otros fuentes revelan que desde 1997 El Salvador gastó más de 20 millones de dólares en la importación legal de armas, y recaudó, en el mismo período, 1,3 millones de dólares en impuestos.

La violencia

Pese a que los investigadores señalan problemas de confiabilidad en los registros institucionales sobre la violencia en el país, manifiestan que existe suficiente evidencia como para asegurar que la violencia intencional constituye una de las principales causas de muerte en El Salvador. Mientras las cifras apuntan a una disminución de los índices de violencia criminal en los últimos años, hay datos que señalan el creciente protagonismo de las armas de fuego en la violencia que termina en homicidios, y que afecta, sobre todo, a los hombres más jóvenes del país.
El fenómeno de las pandillas juveniles (maras) constituye una porción significativa de esa violencia, pero no es el único, algunos afirman que tampoco es el mayoritario. La violencia generada en las relaciones sociales, las riñas interpersonales, los ajustes de cuentas y, obviamente, la delincuencia común y organizada, son también parte de esa problemática a la cual contribuyen, dramáticamente, las armas de fuego. Los datos recabados por distintas organizaciones muestran que la mayor parte de los homicidios que se llevan a cabo en el país se cometen con armas de fuego.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador, aseguró que la falta de empleo y la extrema pobreza reinante en el país son una de las causas fundamentales que inducen a los jóvenes a la violencia. La pobreza afecta a más del 50% de los hogares salvadoreños, y se asocia con la imagen de "permisividad" que posee el porte de armas, estas facetas son pilares que fomentan la agresividad social. El Salvador se sitúa en el segundo lugar de los países más violentos de América Latina y el Caribe. El primero de la lista es Colombia, donde el conflicto armado transcurre hace ya 30 años.

Las probabilidades de que una persona sea asesinada en El Salvador son más altas que si viviera en un país africano con una guerra civil o en un país donde actúan grupos terroristas suicidas, como en Oriente Medio. El Instituto Universitario de Opinión Publica de la UCA (IUDOP), descubrió que la violencia en El Salvador es tan grave que uno de cada cuatro ingresados en el Hospital Rosales, el principal del país, llega lesionado por algún tipo de arma durante un hecho delictivo. El miedo y la inseguridad volvieron a estar en un primer plano cuando el Presidente Francisco Flores anunció el "Plan Mano Dura". La medida, según el gobierno, busca erradicar la delincuencia juvenil y desarticular las maras, consideradas como la principal fuente de violencia. A pesar de las alarmantes cifras, los índices de violencia disminuyeron en los últimos años.
En 1996, la tasa de homicidios era de 120 por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la existente en los primeros años de la guerra civil. Hoy día la cifra descendió considerablemente, aunque no es suficiente, y el indicador señala que son 30 los homicidios cada 100 mil habitantes.

01/04/2004