Discriminación en Latinoamérica
La población afro e indígena de Latinoamérica padeció siglos de exclusión, hoy día su mayoría vive en situación de pobreza. La población negra y mestiza alcanza a 150 millones de personas, equivalente a un 30% de la población regional. Concentrados en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%), se estima que hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en 400 grupos étnicos. Con excepción de Uruguay, donde fueron exterminados, en todos los países latinoamericanos hay indígenas.
En toda Latinoamérica, salvo en Uruguay donde fueron exterminados
en 1831 por el presidente Fructuoso Rivera, parte de la población
es indígena. Se distinguen del resto de la población
blanca porque presentan niveles muy inferiores de acceso a la
salud, educación, empleo, justicia y participación
política. En gran número de casos han perdido sus
principales medios de subsistencia básicos, su tierra y
los recursos naturales. Es por eso que, desde hace varias décadas,
emigran a las ciudades, donde sólo tienen acceso a trabajos
precarios, mal remunerados y, en muchos casos, insalubres.
Según la Comisión Económica Para América
Latina y el Caribe (CEPAL), entre los principales factores que
inciden en la situación de pobreza por la que atraviesan
estos pueblos, se destaca la "pérdida progresiva de
tierras y el quiebre de las economías comunitarias".
A estos factores se les suman los procesos de migración
campo-ciudad y la estructura dinámica de la insercción
laboral, tanto dentro de los espacios rurales como particularmente
al interior de las ciudades.
En lo que refiere a salud, las minorías muestran un deterioro
superior a la media de la población en general. En muchos
países, los grandes proyectos de desarrollo tienen muchas
veces consecuencias negativas para las poblaciones indígenas.
La tala indiscriminada de bosques nativos, la extracción
de petróleo y la construcción de embalses y represas
han tenido para muchas comunidades indígenas consecuencias
devastadoras.
Otro factor que destaca CEPAL es la educación. A los problemas
de acceso y cobertura se agregan los de pertinencia pedagógica.
En Ecuador, por ejemplo, sólo 53% de la población
indígena accede a la educación primaria, 15% a la
secundaria y apenas 1% a la educación universitaria.
Tampoco es buena la situación de la población afrodescendiente
y mestiza. En Brasil, la población afrodescendiente sufre
con mayor fuerza el desempleo, los bajos salarios y la falta de
acceso a cargos políticos importantes. La discriminación
también se refleja en la distribución desigual de
los ingresos.
Por otra parte, CEPAL subrayó que para poner en práctica
los acuerdos internacionales, es por demás necesario que
los distintos Estados modifiquen sus constituciones e incorporen
el reconocimiento de la diversidad étnico-racial, como
lo señala el Convenio 169 de la OIT, que ya ha sido ratificado
por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras,
Paraguay, México y Perú.
Discriminación en Brasil
El Comité Contra la Discriminación Racial de
la ONU recomendó a Brasil que ponga fin a las desigualdades
que afectan a los afrodescendientes, mestizos e indígenas,
solicitándole más información para evaluar
la situación. Así lo indica un documento emitido
por la ONU, al finalizar sus deliberaciones el mencionado Comité
el pasado viernes 12 en Ginebra.
A su vez, el organismo mostró preocupación por las
dificultades que el propio gobierno brasileño declara tener
para aplicar efectivamente su legislación en materia se
crímenes racistas. Recomendó al gobierno de Lula
mejorar la capacitación de policías, jueces, fiscales
y funcionarios que deben luchar para erradicar ese problema.
Al mismo tiempo, manifestó preocupación porque el
analfabetismo en Brasil afecte de forma más importante
a las comunidades indígenas y afrodescendientes, debido
a que estos no suelen contar con los conocimientos suficientes
acerca de sus derechos, en particular los democráticos,
de elegir y ser elegidos para ocupar cargos públicos.
Además, la ONU reclamó a Brasil que garantice a
las poblaciones indígenas una "posesión efectiva"
de sus tierras, y que se informe con precisión sobre la
cantidad de grupos que componen esas comunidades, y las disposiciones
sobre uso, control, recursos y desarrollo de las tierras.
Mario Yutzis, presidente del Comité, agregó que
era importante que Brasil reconociera el carácter multicultural
de su población, pero que persisten en ese país
aspectos residuales que es necesario desmantelar, como los abusos
y la violencia, en particular las que sufren los pueblos indígenas.
Peligro de extinción
Según Diego Cevallos de Tierramérica,
pese a que los gobiernos y las leyes garantizan la existencia
de los pueblos indígenas aislados que sobreviven en las
selvas amazónicas de Brasil, Ecuador y Perú, y en
el Chaco paraguayo, su ruta a la extinción parece ya estar
dibujada.
Lo que enfrentan los nativos aislados es un "verdadero genocidio
cultural", dijo en una entrevista a Tierramérica
Roberto Stavenhagen, relator especial de la Organización
de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de los Indígenas.
Los nativos están decididos a vivir aislados y a no seguir
el camino de extinción física y cultural de otros
pueblos indígenas. Eso los ha llevado a matar ante la amenaza
de los explotadores de caucho, madera, petróleo, oro y
recursos genéticos. También avanzan sobre ellos
religiosos, antropólogos y empresarios turísticos,
y han sido presa de asesinos, como sucedió en mayo en la
Amazonia ecuatoriana, cuando una decena de tagaeris, de los menos
de 300 que aún sobreviven, fueron masacrados por indígenas
huaoranis integrados a Occidente. El hecho estuvo vinculado al
interés de empresas madereras interesadas en la explotación
de tierras vírgenes.
El sistema económico actual no respeta la diversidad
cultural, y a los indígenas voluntariamente asilados se
los considera un estorbo, dijo a Tierramérica
el indígena brasileño Sebastiao Manchineri, portavoz
de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica.
Según el estudio financiado por la ONU, "Amazonia
sin mitos", cuando los europeos llegaron a América
la zona selvática estaba ocupada por alrededor de dos mil
pueblos indígenas, que sumaban unos siete millones de personas.
Más de cinco siglos después, y tras explotación
laboral, persecución y múltiples enfermedades que
los nativos no conocían y para las cuales no tenían
anticuerpos, quedan menos de 400 pueblos y unos dos millones de
individuos, de los cuales menos de cinco mil aún se resisten
a tener contacto con la civilización.
El problema en el caso de los indígenas es que se
tiende a considerarlos pueblos salvajes, fuera de la protección
que rige para los demás ciudadanos, señaló
Cevallos. Si los gobiernos no toman medidas, los pueblos indígenas
voluntariamente aislados serán eliminados sin que se pueda
hacer nada al respecto, sentenció.
Esclavitud en Brasil
El actual gobierno de Brasil reconoció ante el Comité
Contra la Discriminación Racial de la ONU, la vigente existencia
de prácticas idénticas a la esclavitud, a las que
estarían sometidas unas 25 mil personas. Pese a que la
esclavitud fue eliminada legalmente del territorio brasileño
en 1888, hoy en día se sigue practicando.
El embajador de Brasil ante la ONU, Tadeu Valadares, afirmó
que dicha situación se eliminará, tal como se hizo
en 2003 cuando más de 5.400 personas recuperaron su libertad
de esta práctica aberrante. A su vez, agregó que
el gobierno de Lula espera resolver todos los problemas de desigualdades
sociales y destacó la existencia de más de 20 millones
de analfabetos.
Agregó que el gobiernoapuesta a implementar un plan
de integración para los más de 500 mil indígenas
que viven en 600 zonas diferentes del país y que hablan
unas 100 lenguas distintas, proporcionando una educación
bilingüe y respetando las diferencias culturales.
Matilde Ribeiro, ministra de Igualdad Racial, señaló
que el programa Hambre Cero, creado por la administración
de Lula (ver informe "Lucha contra el hambre: de Betinho
a Lula") será uno de los instrumentos a usar para
la lucha contra el racismo. La ministra subrayó que nacen
650 mil niños al año que no son registrados, a los
que "se buscará por todos los medios reconocerlos
como ciudadanos". Sostuvo, también, que el gobierno
garantizará los derechos civiles a todos los ciudadanos.
17/03/2004
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