Democracia en África subsahariana
La corriente de "afro-optimismo" que comenzó en 1990 y recorrió el mundo identificó los cambios con la "ola de democratización" que llegaba, finalmente, al continente. Lecturas posteriores y con más distancia identifican la existencia de una reestructuración del poder en África, pero no necesariamente en la dirección de una mayor democratización de la política. Según Achille Mbembe, profesor del Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad Witwatersrand (Sudáfrica), África se dirige a varias direcciones al mismo tiempo, lo que incluye desde la celebración de elecciones hasta la desintegración de estados. Varios son los procesos históricos que explican el reforzamiento de la democracia en África y la aparición de transformaciones políticas en todos los estados del continente a inicios de la década de 1990. Factores de cambio institucional en los estados subsaharianos El Estado autoritario africano, incapaz de llevar a cabo su promesa modernizadora y asentado sobre mecanismos represivos, aparece en este momento sumido en una profunda crisis financiera y de legitimidad. Por otra parte, los gobernantes poscoloniales se muestran cada vez más incapaces de satisfacer las demandas del sistema prebendalista que lo sustenta, debido a la disminución de los recursos a su alcance. Esta disminución ha sido provocada, a su vez, por el empeoramiento de los términos del intercambio para las materias primas del continente, la aplicación de los planes de ajuste estructural y la dinámica extenuante y autodestructiva del propio sistema prebendalista. El fin de la Guerra Fría supuso el fin de los apoyos incondicionales de las superpotencias a regímenes despóticos en función de su alineación internacional. Además, con el fin de los sistemas comunistas, la democracia liberal imperante en los estados occidentales se convierte internacionalmente en el único modelo de legitimidad política. Entre los movimientos de oposición africanos, el fin de los regímenes soviéticos en Europa Oriental provocó una ola de euforia que cuestionó abiertamente la doctrina oficial, basada en argumentos culturalistas o economicistas, de que la democracia no era un sistema apropiado para África. La crisis de la deuda y la aplicación de los Planes de Ajuste Estructural (PAEs), promovidos desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en los años 80 como modo de resolver aquélla, han tenido también implicaciones políticas. Por una parte los mismos PAEs, aunque intrínsecamente apolíticos en su concepción, preveían la creación a largo plazo de una clase media independiente del Estado y basada en actividades comerciales, que constituyera el fundamento de una fortalecida sociedad civil capaz de contrapesar el poder del mismo Estado. En la práctica, la aplicación de los planes endureció las dinámicas autoritarias y represivas del Estado, pues éste debió sofocar las protestas y levantamientos populares contra las nuevas políticas económicas de disminución del gasto público y de los ya escasos servicios sociales. Cuando se hizo evidente que los PAEs por sí solos no estaban generando la recuperación económica que se esperaba, los donantes occidentales, y en menor medida las IFIs, introdujeron una preocupación por la "gobernabilidad", los sistemas de gobierno, el respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. A la condicionalidad económica de la ayuda de los 80, comenzó a añadirse una vaga condicionalidad política. Observadores de las sociedades africanas hablan de un resurgimiento de la sociedad civil, en la medida en que se ha producido la rearticulación y repolitización de los movimientos sociales. Paradójicamente, los PAEs han contribuido a la articulación de las demandas democratizadoras, más por sus efectos perversos sobre la calidad de vida de los africanos que por su contribución a la aparición de nuevas clases medias. Por su parte, las nuevas élites educadas ya no tienen espacio, frente a lo que ocurrió en los primeros años de las independencias, en las redes del poder. Esta élite alternativa encuentra en el multipartidismo y el lenguaje de la democracia una nueva manera de optar a los centros de poder y sus recursos. Hablar de sociedad civil en África no puede limitarse, sin embargo, a las asociaciones de carácter estrictamente político, sino que abarca a organizaciones de muy diversa fisonomía, como religiosas, comerciales, de base étnica, promotoras de los derechos humanos, etc., que pueden contribuir o no, a una mayor democratización de la sociedad. En gran medida como consecuencia de todo lo anterior, a principios de los años 90 los gobiernos africanos comenzaron a asumir también el discurso democratizador. Esto conllevó en muchos países la reforma constitucional, el establecimiento de sistemas formalmente multipartidistas y la celebración de elecciones generales. En varios países estos fenómenos determinaron la creación de Conferencias Nacionales, a imitación de la primera celebrada en Benín en 1991, en la que los principales sectores políticos y sociales acordaron establecer un nuevo marco político presidido por la alternancia en el poder. Los mismos factores han podido contribuir a la aparición conflictos civiles que han asolado algunos estados, llegando incluso a su desintegración. Pero incluso en estas situaciones, los procesos electorales se han visto a menudo como la manera de dar por terminado el conflicto. Los límites de las "transiciones a la democracia" en África Las consecuencias de estas transformaciones institucionales no han sido siempre una profundización en los modos democráticos de gobierno en el área subsahariana. A menudo se han reproducido fórmulas de gobierno anteriores, en los que la oposición, legalizada ahora en los nuevos partidos políticos, ha sido perseguida, encarcelada y torturada. Para observadores como Mbembe, las llamadas transiciones a la democracia en África no son más que una forma de reconstitución del poder y una de las múltiples transformaciones que están teniendo lugar en el continente, que parece dirigirse a varias direcciones al mismo tiempo. Los procesos electorales han sido utilizados por muchos de los antiguos autócratas en el poder, o de los vencedores de conflictos civiles, como modo de relegitimar su gobierno, o su victoria, y de seguir recibiendo los recursos de la ayuda internacional. Las elecciones se han convertido en una cuestión de "presentabilidad" internacional de viejos dictadores como Arap Moi de Kenia u Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial. Incluso cuando ha existido cambio de gobierno, como en la Zambia de Frederick Chiluba, se han adoptado mecanismos autoritarios de dominación. Y también se han dado casos de antiguos dictadores que han vuelto al poder después de ganar las segundas elecciones celebradas en el país, como Mathieu Kérékou en Benín. Por su parte, el gigante nigeriano ha vivido durante la última década su peor y más represiva dictadura militar con Sani Abacha, tras el desbaratamiento de un proceso electoral que se demostró limpio y que sólo pudo ser retomado en 1999. Algunas de las contradicciones de estos procesos se deben a la dinámica de extroversión que las domina, pues muchas veces las transformaciones institucionales tratan de responder más a las presiones externas que a las del interior del país. La adopción de medidas políticas establecidas desde el exterior no sólo pueden minar el sentido mismo de la democracia, sino que adolecen a menudo de profundas incoherencias. Primero porque los actores políticos, más preocupados por las repercusiones internacionales de sus decisiones, tienden a convertir la democracia en un mero espectáculo sin contenido. Segundo, porque los intereses internacionales nunca van exclusivamente dirigidos al aumento de la participación de los africanos: siempre existen una diversidad de objetivos en las políticas exteriores de los donantes. A pesar de la pretensión de complementariedad, los efectos de la condicionalidad económica son contradictorios con los objetivos de la condicionalidad política. Las políticas económicas neoliberales han contribuido a los cambios institucionales más a través de las protestas que han generado que por el cambio en la estructura social que pretendían. El aumento de la pobreza y las diferencias sociales que se han verificado con la aplicación de los planes de ajuste estructural no pueden sino minar la capacidad democrática de las personas. La política en África sigue siendo una lucha por recursos escasos que no beneficia la alternancia pacífica en el poder porque hay demasiado en juego. El Estado es hoy el principal instrumento de acumulación y la disminución de sus recursos hacen la lucha aún más enconada, llegando en ocasiones al conflicto civil. En este contexto, el mecanismo electoral no ayuda mucho a llegar a consensos políticos y sociales, en la medida en que se convierte en un juego de suma cero: quien gana se lo lleva todo, no sólo el poder político sino también la capacidad económica. Muchos críticos, dentro y fuera de África, han insistido en los peligros de la casi exclusiva atención de los donantes internacionales en la celebración de elecciones, que deja arrumbadas otras dimensiones de lo que debiera ser un proceso democrático. Una de esas dimensiones es la estructura del poder en las áreas rurales: a pesar de su importancia demográfica y de los nuevos vientos de cambio, los campesinos siguen quedando relegados en la política del Estado. El control en el ámbito rural lo ejercen autoridades locales, unidas clientelarmente a los políticos del centro, y sin un verdadero control por parte de la población. Para el politólogo Mahmood Mamdani, la democratización de África debe pasar, sobre todo, por la democratización de lo local y el desmantelamiento de las formas indirectas de control social, herederas del colonialismo. La repetición de los modos autoritarios ha provocado el desencantamiento y la desarticulación de la euforia social de principios de los años 90. La política de la etnicidad, con sus potencialidades y sus peligros, se ha reproducido en los últimos tiempos, no sólo en la lucha electoral, sino también en la tradicional dinámica africana de escapada respecto de un Estado que no constituye una esfera pública en la que se persiga el bien común. 17/10/2003 |
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